La ex alcaldesa de Jerez Pilar Sánchez aseguró ayer que durante estas semanas ha tenido "sentimientos encontrados". Por un lado, ha visto con "satisfacción y alegría" que a lo largo de la vista oral celebrada por el caso PTA, donde se analiza un supuesto trato de favor a la empresa sevillana TISA, el grueso de los técnicos municipales que han declarado "ha podido decir" que su gestión se basó en la "transparencia" y "sin injerencias políticas" en su labor. Pero afirmó que ha experimentado a su vez "tristeza" al considerar que el proceso judicial es "inmerecido e injusto".

Estas afirmaciones fueron realizadas por la anterior regidora en el alegato final del juicio que concluyó ayer en la sede jerezana de la Audiencia Provincial. Insistió en que actuó "por el bien" de la ciudad en este expediente y denunció los "daños personales" que el proceso judicial le está reportando, aunque mostró su convencimiento en que se hará "justicia" ya que sigue "confiando en el estado de derecho. "Todo esto se podía haber evitado", apostilló.

Tras esta corta intervención, también decidieron utilizar el derecho a una última intervención los otros dos ex ediles de Jerez acusados, Francisco Lebrero y María del Carmen Martínez. Lebrero se limitó a insistir en su "inocencia" y negar que tuviera relación alguna con la empresa supuestamente beneficiada. Mientras, Martínez defendió su trayectoria como representante política ya que, aunque llegara a ella sin tener "un currículum perfecto", decidió asumir estas responsabilidades porque se sintió "capacitada" tras trabajar varios años en los colectivos sociales de la zona rural y creyó "en gente que me iba a ayudar pero al final no fue así".

Fue el cierre a la última sesión del juicio, iniciada con intervenciones de abogados defensores. Casi todos centraron su intervención en rebatir la declaración que días antes hizo el considerado "testigo estrella" de esta causa, el técnico municipal Jesús Parra, quien afirmó que fue presionado por sus superiores para que elaboraran un informe favorable a TISA y, de este modo, esa empresa fuera beneficiaria de la máxima subvención con la que rebajar el precio de adquisición de una parcela en el PTA.

Juan Vázquez, letrado de Francisco Lebrero, reiteró que su cliente "no participó" en ningún momento del proceso y destacó la inexistencia de documento o declaración que atestigüe que "hubiera concertado algo con TISA". Apuntó que el ex edil ha sido incluido en esta causa "por ser concejal y vicepresidente del IDPC [Instituto de Promoción de la Ciudad] y de Emusujesa; es decir, por sus cargos, no por sus hechos".

Asimismo, sostuvo: "Francisco Lebrero ni ha intervenido, ni presionando, ni insinuando, ni ordenando, ni ha influido y ni tenía competencias en este tema". Acto seguido, defendió que se dieran facilidades a las empresas que tenían interés en asentarse en Jerez puesto que hubo más beneficiarias que la firma sevillana. En esta línea, recordó que la firma La Ibense-Bornay obtuvo una subvención mayor que la de TISA para adquirir suelo en el enclave agroindustrial y que a otras compañías también se les sustituyó la obligatoriedad de presentar el aval bancario para la compraventa de suelo por otro tipo de garantía. Incluso, indicó que este tipo de medidas de flexibilización de las condiciones para incorporarse al parque solo buscaban "vender a toda costa las parcelas del PTA".

Mientras, el letrado de María del Carmen Martínez, que por entonces era la responsable de la Delegación de Medio Rural, acusó a la Fiscalía de haber sustentado su argumentación en "meras conjeturas" porque no hay pruebas de que su defendida "concertara" algún trato de favor con los representantes de TISA. Volvió a destacar que la ex edil carecía de competencias en la concesión de ayudas para implantarse al PTA "más allá de ser la representante política del área a la que pertenecían los técnicos que tenían que informar".

Mencionó otra vez que Martínez no tenía "conocimiento" de que el segundo informe de valoración que se hizo sobre la propuesta de TISA hubiera sido modificado, tal y como denunció Jesús Parra, ya que "no tenía competencias en el desarrollo del documento". De hecho, advirtió que la Fiscalía no ha podido sustentar el recorrido que tuvo este informe desde que fue redactado hasta que llegó a sus manos.

Tal y como hiciera en su declaración, reconoció que la ex delegada llamó a su secretaria para que localizara a algún técnico del área para que suscribiera la valoración a TISA aunque afirmó que "no era consciente" de que no hubiera sido elaborada por Parra.