La ex alcaldesa, Pilar Sánchez, aseguró ayer que durante estas semanas ha tenido "sentimientos encontrados". Por un lado, sintió "satisfacción y alegría" al considerar que el grueso de los técnicos municipales que han declarado en la vista oral celebrada por el 'caso PTA', donde se analiza un supuesto trato de favor a la empresa sevillana TISA, ha defendido su gestión al frente del Ayuntamiento ya que se basó en la "transparencia" y en la ausencia de "injerencias políticas" en su labor. Pero afirmó que ha experimentado a su vez "tristeza" al entender que el proceso judicial es "inmerecido e injusto".

Estas afirmaciones fueron realizadas por la anterior regidora en el alegato final del juicio que concluyó ayer en la sede jerezana de la Audiencia Provincial. Insistió en que actuó buscando el "bien" de la ciudad con este expediente y denunció los "daños personales" que el proceso judicial le está reportando, aunque mostró su convencimiento de que se hará "justicia" ya que sigue "confiando en el estado de derecho". "Todo esto se podía haber evitado", apostilló.

Tras esta corta intervención, también hicieron uso de su derecho a una última intervención los otros dos ex ediles acusados, Francisco Lebrero y María del Carmen Martínez. Lebrero se limitó a insistir en su "inocencia" y a negar que tuviera relación alguna con la empresa supuestamente beneficiada. Mientras, Martínez defendió su trayectoria como representante política ya que, aunque llegara a ella sin tener "un currículum perfecto", decidió asumir estas responsabilidades porque se sintió "capacitada" tras trabajar varios años en los colectivos sociales de la zona rural y creyó "en gente que me iba a ayudar pero al final no fue así".

Fue el cierre a la última sesión de una vista oral que comenzó con la intervención de los abogados defensores que aún no habían leído sus conclusiones. Casi todos centraron su intervención en rebatir la declaración que días antes hizo el considerado "testigo estrella" de esta causa, el técnico municipal Jesús Parra, quien afirmó que fue presionado por sus superiores para que elaboraran un informe favorable a TISA y, de este modo, fuera beneficiaria de la máxima subvención con la que rebajar el precio de adquisición de una parcela en el PTA.

Juan Vázquez, letrado de Francisco Lebrero, reiteró que su cliente "no participó" en el proceso y que no hay documento o declaración de testigos que atestigüe que "hubiera concertado algo con TISA". En este sentido, apuntó que el ex edil ha sido incluido en esta causa "por ser concejal y vicepresidente del IPDC [Instituto de Promoción de la Ciudad] y de Emusujesa; es decir, por sus cargos, no por sus hechos".

Asimismo, sostuvo: "Francisco Lebrero ni ha intervenido, ni presionando, ni insinuando, ni ordenando, ni ha influido y ni tenía competencias en este tema". Acto seguido, defendió que se dieran facilidades a las empresas que tenían interés en asentarse en Jerez puesto que hubo más beneficiarias que la firma sevillana. En esta línea, recordó que la empresa La Ibense-Bornay obtuvo una subvención mayor que la de TISA para adquirir suelo en el enclave agroindustrial y que a otras compañías también se les sustituyó la obligatoriedad de presentar el aval bancario para la compraventa de suelo por otro tipo de garantía. Incluso, indicó que este tipo de medidas de flexibilización de las condiciones para incorporarse al parque solo buscaban "vender a toda costa las parcelas del PTA".

Finalmente denunció una posible "indefensión" de su cliente ya que, a su entender, la Fiscalía cambió "a última hora" su acusación al afirmar que fue Javier Moreno, su cargo de confianza, quien supuestamente recibió la orden del ex edil de que reclamara a Jesús Parra una nueva valoración para TISA. El abogado advirtió que al principio del juicio el ministerio público defendía que se lo encomendó a otro técnico (a Ángel Rodríguez Liaño).

Mientras, el letrado de María del Carmen Martínez, que por entonces era la responsable de la Delegación de Medio Rural, acusó a la Fiscalía de haber sustentado su argumentación en "meras conjeturas" porque no hay pruebas de que su defendida "concertara" algún trato de favor con los representantes de TISA. Volvió a destacar que la ex edil carecía de competencias en la concesión de ayudas para implantarse al PTA "más allá de ser la representante política del área a la que pertenecían los técnicos que tenían que informar".

Mencionó otra vez que Martínez no tenía "conocimiento" de que el segundo informe de valoración que se hizo sobre la propuesta de TISA hubiera sido modificado, tal y como denunció Jesús Parra, ya que "no tenía competencias en el desarrollo del documento". De hecho, advirtió que la Fiscalía no ha podido sustentar el recorrido que tuvo este informe desde que fue redactado hasta que llegó a sus manos.

Tal y como hiciera en su declaración, reconoció que la ex delegada llamó a su secretaria para que localizara a algún técnico del área para que suscribiera la valoración a TISA aunque afirmó que "no era consciente" de que no hubiera sido elaborada por Parra calificando, además, de "irrelevante" que Salvador Rubio, el capataz de la concejalía, estuviera capacitado para suscribir el informe. "Si este trabajador no era el competente, la consecuencia legal acaba con la nulidad del acto administrativo pero ningún caso con una causa penal por falsedad en documento público", subrayó. De hecho, el letrado concluyó su intervención señalando que esta causa debería haberse analizado en la vía contencioso-administrativa en lugar de la penal pero que ha tenido este recorrido "con la única finalidad de sentar en el banquillo" a la ex alcaldesa.

Finalmente, la abogada del capataz de la Delegación de Medio Rural centró su intervención en mostrar a su defendido como un trabajador que carecía de la cualificación necesaria para firmar este informe aunque lo hizo porque María del Carmen Martínez le instó a ello "y le tranquiliza haciéndole creer que no había ningún problema". "Nunca le dice que Parra no quiere firmarlo sino que no lo encuentra", agregó. Así, afirmó que a su cliente la delegada "le pilló fuera de juego" por la premura del aviso para que acudiera a Alcaldía "sin que se le explique para qué". Acto seguido, comentó: "No es de recibo hacer eso con la persona más noble y menos formada de la Delegación". Salvador Rubio rehusó a su derecho al alegato final.