La última sesión de la vista oral se inició con la intervención del abogado de la compañía TISA, Antonio Martín Lara, quien presentó a la compañía como víctima del contexto político local, con una "ciudad convulsa donde todos [en referencia a los alcaldes] acabarán en desgracias penales".

En su argumentación, dijo que la firma sevillana, que pretendió instalar una planta de generadora de oxígeno para uso médico, se vio envuelta en un "desastre administrativo" que ha acabado con la acusación a "tres empresarios que se visten por los pies" -en referencia a José Manuel Caro, José María César López y José María Rivera- que "vieron una buena oportunidad de invertir en Jerez". Por ello advirtió que no existe motivos para vincular a sus clientes con los defectos que supuestamente habría tenido el procedimiento administrativo seguido por el Ayuntamiento y sus organismos autónomos. Es más, señaló que durante el juicio no ha habido "declaración o documento" que haya corroborado un "nexo casual o causal" de un posible trato de favor o de connivencia entre los representantes de la empresa y los responsables políticos.

Respondiendo a las dudas mostradas el día anterior por el abogado del Ayuntamiento, Ildefonso Cáceres, explicó que la compañía no pudo desarrollar su proyecto porque no logró encontrar la financiación necesaria, un escollo que achacó a que las entidades bancarias no creen que el parque tecnológico agroalimentario tenga "viabilidad". Eso sí, se esforzó en tratar de demostrar que TISA tenía intenciones reales de asentarse en Jerez ya que "nadie se gasta 700.000 euros en un terreno, un proyecto visado que cuesta un riñón y una licencia de obras para no hacer nada".

Uno de los aspectos más cuestionados por la Fiscalía en su acusación es que TISA no cumplía con los requisitos para implantarse en el enclave tecnológico agroindustrial y que modificó su proyecto a posteriori para tratar de justificar que se le había concedido la mayor subvención posible para que la parcela adquirida fuera más barata. Este razonamiento fue rebatido por el letrado Martín Lara asegurando que es "habitual" que una compañía modifique su objeto social para "adaptarse" a las condiciones de un determinado enclave.

En su intervención, hizo un análisis sobre el desarrollo de parques tecnológicos en Andalucía al afirmar: "Lo que empieza siendo agroindustrial se va derivando en ese parque de 'vámonos que nos vamos' con parcelas vacías". "El PTA de Málaga, que es el que se suele utilizar como referencia, es un auténtico desastre desde que se implantaron empresas de bollería y hasta despachos de abogados", añadió. Esta argumentación le sirvió para justificar que TISA se ubicara en el parque ya que los técnicos del Ayuntamiento vieron en su proyecto una "empresa interesante". Así hizo referencia a la declaración del técnico Jesús Parra, quien reconoció que la firma se vio como una "empresa de enganche" para el enclave. Eso sí, previamente cargó contra este empleado acusándolo de haber reconocido "de facto" un delito de falsedad en documento público al señalar que redactó un nuevo informe de valoración de la propuesta de TISA que era una "milonga", según declaró en el juicio, por lo que se preguntó por qué no había sido encausado.

Finalmente, insistió en que TISA no solo no fue beneficiada por el Ayuntamiento sino que acabó "perjudicada" porque, además de no poder desarrollar su proyecto, cuenta actualmente en sus balances con un activo (en referencia al suelo) que está "retenido e inservible" y sin que se le acepte por parte del Ayuntamiento su petición de resolución del contrato de compraventa que suscribió en 2008. "Si hay que aplicar la lógica en lo ocurrido, estos tres empresarios no son un eslabón más en la cadena como dice el fiscal sino el eslabón perdido", concluyó.