El 4 de febrero tuvo lugar la constitución y primera reunión de la comisión paritaria para estudiar la situación de los hábitats rurales diseminados en vías pecuarias en el término municipal de Jerez. Junta, Ayuntamiento y vecinos de las barriadas rurales afectadas trabajan desde entonces para poner fin a un problema que lleva décadas enquistado. Ahora el delegado territorial de Medio Ambiente da algunas claves sobre un proceso que no ha hecho nada más que comenzar.

-¿Alguna novedad desde la primera reunión?

-Habría que preguntarle al Ayuntamiento. En principio, lo que allí se acordó fue que la Junta está abierta a que el Ayuntamiento en el ámbito de sus competencias ponga encima de la mesa diferentes soluciones singulares para cada uno de los casos. Y, a partir de ahí, la Junta lo que hace es estudiar cada uno de esos casos y posicionarse. De la última reunión a aquí no me consta que ningún responsable público ni técnico del Ayuntamiento se hayan puesto en contacto con la delegación para avanzar en temas específicos.

-¿Cuál es el trabajo que tiene que realizarse ahora?

-Es muy importante tener clarito el escenario de competencias. El tema de la regularización de viviendas, sean o no en vías pecuarias, es una competencia municipal. Eso significa que es el Ayuntamiento el que tiene que levantar la información, hacer el diagnóstico, estudio de alternativa y hacer una propuesta a la Junta. Y la Junta ahí lo que hace es velar por la legalidad. Yo no ordeno el territorio en el municipio de Jerez ni en ningún municipio, es el Ayuntamiento. Entonces ¿cuáles son los sitios que tienen esa necesidad? ¿Cuántas personas hay allí? ¿Cuál es el ámbito susceptible de regularizar? ¿Cuál está afectado por vía pecuaria? Ese es el trabajo del Ayuntamiento. Yo tengo una sensación agridulce con este tema. Un sentimiento positivo porque una vez más la Junta aparece como parte de la solución a los problemas y en ese sentido yo estoy encantado. Hay una determinada problemática vecinal y la Junta puede ayudar. Pero tengo también un sinsabor ahí, que es cómo el Ayuntamiento juega a no a resolver el problema sino a trasladarle la pelota a la Junta. Y ahora todo el mundo lo que hace es mirar a la Junta y creamos una sensación que no es real. Es decir, la identificación de los problemas le corresponde al Ayuntamiento que tiene una herramienta que, además, es muy potente que se llama Plan General donde hay una serie de alternativas planteadas.

-¿Y si esas alternativas no sirven para determinados casos?

-Si usted identifica dificultades para la ejecución de su Plan, pues venga, voy a hacer el estudio de esas alternativas, voy a la Junta y le digo que en este caso el trazado alternativo no puede ser, no es operativo por la razón que sea y me lo motiva diciendo que, en cambio esta otra, llámese huella pecuaria o la solución que sea, cumple con la ley de vías pecuarias y daría respuesta al problema. Esa debería ser la dinámica. Lógicamente las desafectaciones (declarar formal o tácitamente que un bien de dominio público queda desvinculado de uso o servicio público) deben estar muy bien objetivadas porque sino imaginad el mensaje que enviaríamos a la ciudadanía: construyo, con toda la buena voluntad pero en vía pecuarias, y después la Administración viene y me regulariza. En los núcleos de población en los que estamos hablando tenemos el 90% de las vías pecuarias deslindadas. Por lo tanto la Junta ha hecho el trabajo previo que es deslindar y ahora estamos esperando que el Ayuntamiento venga. ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento durante estos años? Yo digo que Saldaña es el Mouriño de la política provincial, sin que haya ganado ningún trofeo. Él vive del titular normalmente de la confrontación. Por eso hemos definido perfectamente en la reunión aquella cuál es la hoja de ruta, cuáles son los procedimientos y demás. Si él tiene la tentación de seguir alimentando la confrontación y transmitiendo a los ciudadanos de que al final el árbitro es el que tiene la culpa de todo esto, pues entonces desgraciadamente volveremos a tener problemas.

-Bueno, quedan claras las competencias...

-Es muy importante eso, el Ayuntamiento es el competente y tiene herramientas para hacerlo, y ¿la Junta que parte tiene en toda esta historia? Tiene que deslindar las vías pecuarias y la voluntad para la desafectación y esa voluntad ha sido manifestada explícitamente en los casos que la legislación lo permita y el núcleo sea histórico.

-El Ayuntamiento se ha quejado de que los trazados alternativos en las vías pecuarias que recoge el PGOU fue requisito obligado por la Junta para aprobar el documento.

-La Junta hace un informe, en clave autonómica, y lo que plantea es no perder ese patrimonio público. Ese patrimonio público está quedando en un segundo plano y es de todos los ciudadanos y, cuando hablamos de Jerez, es de toda la ciudadanía. Y tienen una función vital en el territorio. Las vías pecuarias es verdad que han evolucionado en su usos, históricamente vinculados a la ganadería pero ahora son grandes ejes de comunicación y cada vez más con una proyección de uso público. Llámese cicloturismo, etc. Por lo tanto, cuando a la Junta le viene un ayuntamiento cualquiera, nosotros le decimos "haga el esfuerzo de buscar un trazado alternativo". Si el Ayuntamiento hace cuatro años, el equipo técnico con el impulso político, viene y me dice: "Mire usted he hecho el estudio, aquí no puede ir un trazado alternativo y la solución es...". Si me plantean soluciones razonables yo voy a muerte desde el primer día. Pero no, ahora a falta de meses para las elecciones queremos salvar la regularización de esos núcleos rurales... Muy complicado.

-Los ecologistas se quejan de que se vaya a 'regalar' terreno público a quienes construyeron en él ilegalmente.

-El planteamiento de Ecologistas en Acción no va mal descaminado en el sentido de decirnos 'oigan, administraciones, Ayuntamiento y Consejería, ojo con los procesos de regularización'. En ese sentido, es bueno que haya personas que miren por el interés general. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo tengo la conciencia muy tranquila. Hay dos elementos. El primero de ellos es que aquí no se regala nada a nadie, hay un procedimiento administrativo con amparo legal y lo estamos aplicando. Pero más importante, la Administración ante situaciones como ésta, ante situaciones como los diseminados urbanísticos de El Puerto, de Chiclana, de Conil... tiene dos soluciones. Una, esconder la cabeza debajo del ala, y la otra, afrontar la solución. Posiblemente muchas veces la menos mala de las soluciones. Yo creo que es una obligación de un buen gestor porque al final, si no regularizas, ¿quién gana? Si abordamos procesos de regularización donde la vía pecuaria mantenga su continuidad, donde los ciudadanos puedan escriturar.. creo que es un sano ejercicio de servicio público. Dicho esto, todos nos tendríamos que poner las pilas y las regularizaciones tarde o temprano deberían tener unos límites, que empezara a imperar el sentido común, la disciplina urbanística, y que esto en un futuro no sea tan común sino que sea la excepción.

-Pero da la impresión de que las Administraciones han hecho la vista gorda ante este problema de construcción ilegal.

-Ahí creo que las dos administraciones deberíamos hacer autocrítica. Y no es precisamente imputable ni a este equipo de gobierno ni a esta consejería en este momento porque estamos hablando de décadas en la gestión. Desde un punto de vista de la disciplina urbanística, ¿el Ayuntamiento hizo la tarea? Es evidente que no. Desde un punto de vista de la preservación de esas vías pecuarias, ¿las diferentes administraciones han estado a la altura de las circunstancias? Es evidente que no. Negar lo evidente no ayuda a nada pero el ejercicio desde mi punto de vista inteligente que hay que hacer en este momento es ¿a qué dedicamos nuestros esfuerzos y energías a buscar culpables o a buscar soluciones? Yo opto por lo segundo. De nada sirve sacar el látigo... las dos administraciones, una por tema urbanístico y otra por vías pecuarias. Si bien es verdad que en materia de vías pecuarias, y no es el caso ahora mismo de estos núcleos, hemos tenido serios problemas porque tenemos miles de kilómetros de vías pecuarias en la provincia de Cádiz y abordar los deslindes de eso, a parte del coste administrativo, tiene un coste económico es muy alto. ¿Qué ha pasado? Nosotros hemos intentado ejercer la potestad de la Administración de preservar esas vías pecuarias, hemos denunciado esas construcciones y cuando ha llegado a los tribunales, el juez ha dicho que si la vía pecuaria no está deslindada, usted no puede acreditar fehacientemente que eso sea vía pecuaria.

-Da la sensación de que se derriban pocas construcciones ilegales. Será que puede afectar a los votos en elecciones...

-Aquí hay dos reflexiones. La primera es que cuando el Ayuntamiento nos plantea a nosotros la regularización de un determinado núcleo tendrá que identificar muy bien qué tiene la condición de histórico y que no. Es el Ayuntamiento el que regulariza. Nos pasa lo mismo en la aplicación del Decreto 2/2012. Ha habido ayuntamientos que han hecho un extraordinario ejercicio de rigor, han identificado las viviendas que de verdad tienen encaje en el decreto y ahora mismo están regularizadas. Otros ayuntamientos han querido aprovechar para decir estos cumplen y estos no, pero voy a hacer un ejercicio de populismo político, meto todo… y eso ha ido para atrás. Lo segundo es que aquello que se ha construido nuevo, recientemente, si está afectado por vías pecuarias deslindadas, yo me llevaría una desagradable sorpresa si no están denunciadas. Las competencias son municipales en disciplina urbanística, la Junta interviene rara vez cuando afecta a suelos protegidos, zonas inundables, zona forestal de relevancia… Ahí solemos intervenir.

-¿La regularización de esas viviendas en vías pecuarias conllevará un coste económico para los propietarios?

-Claramente son competencias municipales. La Junta, en este caso EPSA que es a quien se suelen adscribir los suelos que se desafectan, formará parte de esa junta de compensación o la fórmula que arbitre el Ayuntamiento. Pero como uno más, nosotros no vamos a intervenir en cuanto tiene que costar si más menos.

-Insisto, ¿tendrá un coste? Es que en época de elecciones se prometen muchas cosas...

-Tendría que decir que me alegra que me hagas esa pregunta porque ¿qué ha pasado en El Palmar? Es una de esas situaciones que en esta sociedad porque somos demasiado permisivos... pero lo de El Palmar no tiene nombre. En la anterior legislatura se monta una oficina allí para regularizar aquello, el único caso de Andalucía que se ha hecho, definiendo con unos parámetros objetivos los costes de regularización. Es decir, usted ha construido irregularmente, pero es mejor poner orden cuando antes a que siga el desmadre. Esa es la reflexión, vamos a poner orden y ahora tú que te construiste tu casa en Vejer pagando tu licencia, tu urbanización… lo lógico es que el que regularice en El Palmar pague la parte proporcional que le toque, o es que ¿hay ciudadanos de primera y de segunda? Y ahora llega, cambio de elecciones, y dice el PP 'no en El Palmar no va a pagar nadie'. Eso es, de verdad, la política más mezquina que podemos hacerle al ciudadano. Como ciudadano entiendo que cuando ocurren esas cosas la gente pierda la fe, la confianza… Es tremendo. Así que si el Ayuntamiento cometiera el error o tuviera la tentación de decirle a los ciudadanos que se va a regularizar y no les va a costar ni un céntimo a nadie, creo que le haríamos un flaco favor a ellos y a una resolución pacífica del tema. Otra cosa es que después haya ayuntamientos que tienen más capacidad técnica para arbitrar fórmulas urbanísticas para que los costes se reduzcan.

-En la primera reunión se habló también de buscar un equilibro entre las necesidades de los vecinos y la utilidad de las vías pecuarias. ¿Es posible?

- Este tipo de experiencias, si somos hábiles todos, tendrían que servir precisamente para vamos a llamarlo 'ponerle la guinda'. Es decir, regularizar sería condición necesaria pero no suficiente, porque tú tienes un ámbito rural con tremendas posibilidades y si te limitas a regularizar ese núcleo sin perspectivas de desarrollo rural estaríamos haciendo la tarea a medias. De hecho, con el plan de diversificación del viñedo la filosofía no es al final si un cortijo puede tener capacidad de alojamiento, restauración… No, la filosofía es si ese cortijo está en un entorno que ofrece servicios de paseos a caballo, visita a determinados enclaves naturales...

-Y para terminar, lo que quieren saber los vecinos afectados: ¿De qué plazos estamos hablando para la regularización de estas viviendas en vías pecuarias?

-Si el Ayuntamiento presenta la documentación en condiciones, la respuesta será la más breve posible.

-Eso no es un plazo...

-Es que decir en Administración eso está resuelto en una semana, en un mes o tres meses es absurdo, pero no es ninguna tontería que el delegado provincial diga que en el momento que llegue, nuestra respuesta va a ser la más pronta posible. De verdad, me comprometo públicamente, que si llega la documentación en regla esos vecinos tendrán una respuesta favorable de esta consejería. Pero, después de nuestra respuesta, es importante recordar que viene la modificación del Plan, y eso no es un huevo que se echa a freír. Sanlúcar detectó algo parecido con las cooperativas, tramitó una modificación del Plan y creo que batimos récord Guinness, y en menos de tres meses tenía el plan aprobado.

-Entonces, ¿el PGOU habrá que modificarlo obligatoriamente?

-Claro. Por ejemplo, para regularizar La Guareña tiene que haber un trazado alternativo y, si tú me planteas una solución diferente, yo me pronuncio sobre la viabilidad pero eso lo tienen que volcar en el Plan General; si no vuelcas las alternativas consensuadas entre los dos, cuando tramites la regularización de La Guareña, en el Plan sigue poniendo trazado alternativo.