Pedanías

La Coordinadora de Jerez llevará la 'guerra del agua' a los tribunales

  • Condena con dureza "la actitud obstruccionista y antidemocrática" del Ayuntamiento.

La Coordinadora del Agua de Jerez y la Marea Azul del Sur emitieron ayer un comunicado en el que condenaron duramente "la actitud obstruccionista, antidemocrática y antisocial que sigue mostrando el equipo de gobierno jerezano ante la decisión legítima de Guadalcacín, Estella y Torrecera de mantener el agua bajo el abanico de lo público". Además, anunciaron que acudirán a los tribunales. En el documento critican que "después de dos años de negociación y tramitación legal; después de muchos intentos de acuerdos con el Ayuntamiento de Jerez para hacer la necesaria transferencia de la estructura del servicio, en vano; después de agotar todas las vías razonables y la paciencia de sus promotores, así como la de su propia vecindad; y después de haber comunicado de forma oficial al Ayuntamiento sus acuerdos plenarios tanto la Mancomunidad como las propias ELA, para la alcaldesa aún no es suficiente y sigue dificultando, obstruyendo y difamando la voluntad legitima de la remunicipalización del agua".

Desde la Coordinadora recuerdan que en España, la ley otorga a las Entidades Locales Autonómas (ELA) desde 2010 "la competencia del agua, saneamiento y recogida de residuos sólidos urbanos. El agua, de por vida del servicio en Jerez, estaba encomendada al Ayuntamiento de Jerez". En este sentido, explican que estas tres pedanías "ante la privatización del agua emprendida y ejecutada por el actual gobierno jerezano, deciden con la legalidad por delante (plenos de sus juntas vecinales) hacer uso de la competencia del agua, que le otorga la Ley, ejerciendo su derecho a gestionar su propia agua y su deber de velar por el interés de sus ciudadanos".

Tras dar todos los pasos legales y oportunos, las pedanías deciden que sea la Mancomunidad quien gestione el servicio. "Llegado a este punto, los ediles pedáneos solicitan a la alcaldesa María José García-Pelayo que se ejecuten estas decisiones legales y se lleve a efecto: la entrega de la competencia del agua a las pedanías y por consiguiente, la transferencia de la estructura física, técnica y administrativa del servicio que les competen", recuerdan. Sin embargo, "pasado el tiempo y agotada la paciencia de estos representantes locales deciden tomar su competencia sobre el agua aun sin haber podido hacer la 'transferencia del servicio' necesaria". Es entonces cuando "en un claro ejercicio de obstrucción administrativa y social, los gobernantes jerezanos se inventan una modificación de las ordenanzas, con el más que evidente propósito de impedir que la remunicipalización de estos pueblos se lleve a efecto".

La Coordinadora añade que a esto se une que "en una última reunión mantenida en el Ayuntamiento de Jerez se sacan de la manga un 'informe' sin membrete, ni firma, ni solicitante expreso, en el que presuntamente, la Subdelegación del Gobierno pone en duda la legalidad de los acuerdos adoptados por estas ELA y la Mancomunidad". "Es sano saber este informe tiene fecha de mediados de noviembre y no ha sido conocido por estos agentes en conflicto hasta este 24 de febrero, por lo que está clara la intencionalidad malvada de los recurrentes, así como la falta de voluntad y la deslealtad institucional, con la que está jugando el equipo de gobierno de Jerez; con nocturnidad y alevosía", aseguran desde la Coordinadora del Agua.

Con todo este escenario administrativo transcurrido, a día de hoy y a casi dos meses de esta decisión notificada con suficiente tiempo, ni el gobierno jerezano, ni la multinacional a la que vendieron el servicio del agua, se dan por enterados. No reconoce la voluntad legal, soberana y legítima de estas tres pedanías. No hacen la transferencia del servicio (entrega de planimetría y datos administrativos de los usuarios). Continúan acudiendo a estas tres pedanías, tal como hacían antes de la toma de su competencia del agua por parte de estas ELA, haciendo su trabajo rutinario.

Para la Coordinadora del Agua de Jerez, "esta actitud tomada por Aquajerez y el equipo de gobierno jerezano es delictiva, atenta contra los intereses de esta población rural y pone en riesgo y se ha evidenciado, en más una ocasión la relación anormal y tensa, de los vecinos con los propios trabajadores de Aquajerez, por lo que el asunto no puede por más que terminar en los tribunales". Por ello, "entendemos que una vez agotadas todas las buenas y sanas maneras y viendo cuales son las formas y los objetivos del equipo de gobierno, totalmente contrarios al interés de los ciudadanos y sabedores de la más que presunta actitud delictiva con la que está llegando a actuar este equipo de gobierno, empeñados en seguir camuflando sus vergüenzas inconfesables, por haber privatizado el servicio de aguas de Jerez, nos vemos más que obligados a dar el salto al campo judicial, pidiendo una medidas cautelares, previa presentación de una querella ante el Tribunal de lo Contencioso".

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