La Junta ha dejado de financiar un programa que se venía desarrollando, en el caso de la provincia desde hace quince años, destinado a atender a reclusos con discapacidad intelectual. Alrededor de cien personas que cumplen condena en las cárceles provinciales contaban con el apoyo de este programa que gestionaba Feproami, la Federación provincial de organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual, a través de un acuerdo con la Consejería de Salud, Igualdad y Políticas Sociales.

Raúl Jiménez, el sicólogo que trabajaba con estos internos, lamenta la desaparición de una intervención que en la provincia era además pionera, ya que Feproami fue la primera en poner en marcha la iniciativa en 1999 con los fondos que recibía a través del IRPF. Cinco años después, la Junta asumió el coste del programa y lo extendió a todas las provincias andaluzas. El 31 de diciembre del pasado año la falta de subvenciones acabó con un programa muy bien acogido en los centros penitenciarios donde escasean no sólo los recursos sino también la formación adecuada para atender a reclusos con una discapacidad intelectual. Supuso, por otra parte, el despido de las ocho profesionales (uno por provincia) que en toda Andalucía se encargaban del programa y que según mantiene Jiménez, "no es que fuéramos los salvadores, pero sí el principal pilar de apoyo de estos reclusos, que no suelen contar con el respaldo de sus familias".

Este sicólogo explica que la discapacidad intelectual de estas personas que acaban en prisión suele pasar desapercibida durante el proceso penal y en muchos casos se detecta cuando ya están en reclusión. Admite no obstante que la situación ha ido cambiando y mientras hace un década el 60% de ellos no tenía un diagnóstico previo, el porcentaje ha bajado ahora al 30%, debido a que se detecta con anterioridad en los servicios sociales, los servicios de Salud Mental o a través del sistema educativo.

Se estima que un 1% de la población reclusa sufre una discapacidad intelectual, aproximadamente el mismo porcentaje de presos con una enfermedad mental. Aunque hay que diferenciar entre estos últimos y los que sufren un retraso intelectual, Jiménez afirma que es cierto que hay personas que presentan las dos patologías, a las que se une en ocasiones otros factores como las drogodependencias. "Hay que tener en cuenta que el perfil de las personas con discapacidad intelectual que nosotros tratábamos es muy diferente del que atiende por ejemplo Upace. En nuestro caso, son personas procedentes de familias desestructuradas, que no han tenido oportunidad de ir a un centro especial o recibir estimulación precoz. Son personas muy vulnerables, porque a su discapacidad se une un entorno marginal, padres con antecedentes, con drogodependencias, y que incluso desde la infancia y la adolescencia han sido víctimas". Los delitos por los que estas personas acaban en la cárcel difieren poco, según Jiménez, del resto de la población reclusa. "Sobre todo está el tema de los robos y delitos contra la salud pública".

Una parte de los reclusos que se atendían en este programa eran del Centro de Inserción Social (CIS) ubicado en Jerez, donde están los presos de tercer grado. Jiménez asegura que su labor con los reclusos con discapacidad intelectual les daba la posibilidad a estas personas de equipararse al resto a la hora de obtener beneficios penitenciarios. Con la inserción como uno de los objetivos del programa, el sicólogo comenta que precisamente el Zoo de Jerez ha sido en estos años una de las instituciones más implicadas permitiendo la realización de prácticas de estas personas en sus instalaciones.

El programa se llevaba a cabo en tres fases que comenzaba con la evaluación y diagnósticos a demanda de los profesionales de los equipos de tratamiento de los centros penitenciarios cuando tenían sospecha de una discapacidad intelectual en algún recluso. Una vez realizado el diagnóstico por el sicólogo, se le tramitaba el grado de discapacidad con el fin de que pudiera tener acceso no sólo a prestaciones económicas sino a servicios o centros cuando estuviese en libertad. Además se desarrollaban actividades para la capacitación de estas personas a la hora de facilitar su integración, dotándolas de habilidades y ofreciéndoles apoyo sicológico.

La financiación del programa era de 500.000 euros para toda Andalucía, que, según este profesional, no solo se destinaba al pago de los salarios de los técnicos, sino también a las actividades y al pago de plazas en centros de día ocupacionales y residencias para personas con discapacidad intelectual donde podían seguir cumpliendo condena. De hecho, mantiene que hay reclusos que han tenido que volver a la cárcel al no poder seguir pagando la federación estas plazas. "El problema aquí está también en que la Ley de Dependencia no entra en las cárceles, este tipo de reclusos no se valoran a través de la ley de la Dependencia, y si no tienen ese reconocimiento tampoco tienen la opción de solicitar el ingreso en un centro de día o residencia. Por eso el programa costeaba plazas privadas".

Jiménez lamenta que hayan sido los propios trabajadores los que hayan tenido que difundir la desaparición de este programa. "Ni los reclusos que se veían beneficiados con la intervención ni sus familias son un colectivo que vaya a salir públicamente a quejarse".