Suele ser habitual que en los plenos municipales se aborde alguna propuesta donde la corporación, ya sea de manera unánime o con el apoyo de alguno de los partidos, inste a una administración pública, generalmente Junta o Gobierno central, a dar solución a un determinado problema. Pero lo inusual es que el proponente sea el ejecutivo local (aunque sea a través de su grupo municipal) y el instado sea el propio Ayuntamiento.

Esta anormalidad se vivió en la sesión plenaria celebrada en la mañana de ayer, la penúltima de carácter ordinario del actual mandato, con el PP, que presentó una proposición para plantear a la Delegación de Urbanismo una fórmula para intentar legalizar El Chaparrito, un diseminado próximo a La Barca conformado por 109 edificaciones. Y para rizar el rizo a la 'autoexigencia' le tocó defenderla al delegado de Urbanismo, Agustín Muñoz, quien teóricamente es quien debe recibirla para, a su vez, trasladarla a los técnicos que están a su mando para analizarla. Por este motivo, la propuesta fue calificada de "electoralista" por la oposición teniendo en cuenta que en poco menos de dos meses se elegirá la nueva corporación.

El Chaparrito es un diseminado que en el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) está clasificado como suelo urbano no consolidado, una catalogación similar a otros núcleos similares de la zona rural (como algunos enclaves de La Ina, Nueva Jarilla y La Barca, entre otras). Así, para su regularización, los propietarios tienen que cumplir con una serie de obligaciones como la de ceder al Ayuntamiento un 10% de los suelos además de ejecutar y abonar la urbanización del paraje. Sin embargo, el PP plantea ahora una fórmula para que se le rebajen estas cargas a los dueños de las fincas -el edil de Urbanismo dijo que el "coste es inasumible" ya que es un sector de 43 hectáreas de extensión-.

Por ello, la propuesta que se trasladará a la Delegación de Urbanismo es que se estudie darle otra clasificación urbanística para estos suelos que sea menos gravosa para los propietarios. Son dos las alternativas propuestas, la catalogación del diseminado como hábitat rural diseminado o la declaración de las viviendas en régimen de asimilado fuera de ordenación. Según la alcaldesa, María José García-Pelayo, esto permitiría que los propietarios "tengan sus papeles y los servicios de luz y agua". Incluso, llegó a decir: "Con esta propuesta se inicia el camino para darle una solución con el objetivo de que no tengan que pagar absolutamente nada".

Tanto PSOE como IU le reprocharon al gobierno el tinte electoralista de la medida. Joaquín del Valle apuntó: "A 40 días de las elecciones no es lo más práctico traer a pleno una propuesta para instar a Urbanismo sino que esto es más para quedar bien con los vecinos que otra cosa". Por su parte, el portavoz del PSOE, Luis Flor, reclamó que Urbanismo presente una propuesta de modificación del Plan General en lugar de una proposición de estas características. La propuesta salió adelante con el apoyo de Foro Ciudadano. También se aprobó otra propuesta para instar a la Junta a que informe sobre la situación jurídica de la vía pecuaria y los descansaderos de Mesas de Asta.

Por otro lado, PP e IU protagonizaron un nuevo rifirrafe sobre memoria histórica. Izquierda Unida volvió a presentar una moción promovida por la Plataforma por la memoria democrática que reclamaba la retirada de distinciones municipales a dirigentes franquistas así como de los honores a la Virgen de la Merced, un punto que también incluía quitar del Teatro Villamarta el busto dedicado a José María Pemán. Finalmente, la propuesta acabó modificándose por una enmienda del PP donde se emplaza al Ayuntamiento a cumplir con la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, que aún no ha sido aprobada, para elaborar un inventario con los elementos y distinciones vinculadas a la Guerra Civil.

Asimismo se aprobaron de manera inicial dos planes vinculados a asuntos sociales, uno de sobre diversidad y convivencia intercultural -se ha marcado el objetivo de "incorporar la perspectiva intercultural" en la política municipal, según palabras de la delegada Isabel Paredes- y otro de salud.

La sesión plenaria acabó con dos intervenciones. La primera de ellas corrió a cargo de un dirigente de la federación de asociaciones de vecinos Solidaridad para denunciar las carencias en infraestructuras y atención sanitaria que tiene la ciudad; y la segunda fue de un miembro de la asociación de desempleados de la zona norte para cuestionar la política municipal en materia de empleo.