El 30 de diciembre de 2014, el pleno del Consejo Social de la Ciudad aprobó las medidas incluidas en el primer Plan de Promoción de Empleo Local. El documento se basaba en tres ejes principales: incentivos a las nuevas altas de autónomos y apoyo ala contratación; programa de preparación para el empleo con acciones de formación e inserción laboral; y un plan de atracción de inversiones. Ayer, en una nueva reunión de la comisión ejecutiva del Consejo con la alcaldesa, Mamen Sánchez, ésta le comunicó que es "imposible seguir adelante con este proyecto, porque el Plan de Empleo no se corresponde con lo que autoriza la ley, es inviable legalmente y además, está mal planteado".

"Quiero agradecer las horas de trabajo que le ha dedicado el Consejo a este plan y su interés por la ciudad, pero se ha producido una mala interlocución entre ellos y el anterior gobierno local del PP. Lamento que este último no contara con los técnicos municipales o que no fuera claro sobre cuál era la línea legal que había que seguir", declaró Sánchez. La regidora socialista puso como ejemplo una de las líneas del Plan con unos cursos de idiomas con hoteles y agencias de viajes. "En el Plan de Empleo del anterior gobierno no figura el compromiso de contratación por parte de las empresas participantes, asimismo recoge que éstas deben tener como objeto social la formación (sólo las academias y centros de formación lo tienen) y además, los beneficiarios debían pertenecer a colectivos en riesgo de exclusión social, porque de otra forma, el Ayuntamiento no podía poner en marcha un plan de empleo conforme a la ley", informó la alcaldesa. Acto seguido, dijo: "Esta disparidad de planteamientos hacen ya de por sí imposible este plan, porque ni el perfil de los beneficiarios se ajustaba al que requería el documento, ni las empresas dedicadas a la formación tendrían nunca intención de hacer el tipo de contrataciones que se pretendía".

En base a los informes que presentó Sánchez, junto a la primera teniente de alcaldesa Laura Álvarez, también es "competencialmente es imposible recuperar este plan de empleo -que estaba dotado con 1,2 millones de euros-, puesto que es la Junta de Andalucía la administración que tiene las competencias en esta materia. Y precisamente esta Administración ha hecho una nueva convocatoria para todo el territorio, lo que imposibilita solapar esta nueva medida con otra de carácter municipal".

Por último, otra de las piedras en el camino es el ERE municipal. La alcaldesa pidió a los miembros del consejo asesoramiento sobre "cómo evitar que la ciudad deje de contar con próximo planes de empleo de la Junta de Andalucía, por tener el Ayuntamiento sentencias firmes por despidos improcedentes, a causa del ERE llevado a cabo por el anterior gobierno del PP". "Estas sentencias imposibilitan el acceso a los planes", sostuvo.

Dejando a un lado los escollos para el Plan de Empleo Local, la alcaldesa anunció que se ha informado a la comisión ejecutiva del Consejo sobre la propuesta de Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2016 que está preparando el Gobierno con el fin de obtener su informe favorable. Durante un acto posterior a la reunión con la comisión, Sánchez adelantó que lo "más importante" de dicho planteamiento es "que no va a haber subida de ningún impuesto en 2016 y que habrá una bajada de la tasa del agua en un 0,9% aproximadamente, en función del IPC" -el pliego de condiciones que regula el servicio establece subidas o reducciones obligatorias según marque este índice-. Con el fin de emitir su informe, la comisión ejecutiva del Consejo Social de la Ciudad se volverá a reunir el próximo miércoles día 14 y a continuación lo hará el pleno del consejo.

Asimismo, ayer también se aprobó la renovación de Rafael Padilla como presidente del Consejo y se designó una nueva secretaría técnica. En cuanto al nombramiento de los nuevos miembros del consejo de libre designación, la alcaldesa explicó que no será el gobierno quien los realice, sino que se someterá a criterio de los demás grupos políticos, añadiendo que, según las propuestas que se presenten, se podrían incluir en el Consejo a representantes de otras entidades de interés, por su función social o económica.