El pasado lunes, el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CPBC) elegía su nuevo presidente pero Jerez no pudo votar por la deuda de más de 12 millones que arrastra con este órgano. Esto ha propiciado en que en varias ocasiones a lo largo de los últimos años el ente haya amagado con expulsar al Ayuntamiento por los impagos .

Pero la advertencia persiste al encontrarse el expediente de exclusión "en suspenso" aunque se le ha vuelto a dar un nuevo margen de confianza al actual gobierno municipal. Eso sí, le exige que "cuanto antes" retome los pagos mensuales y que se estudie conjuntamente un "plan financiero" para afrontar el pago de la deuda "de manera inmediata". Todo esto es apuntado en un escrito remitido a finales del mes de septiembre por el director del consorcio, Jaime Domínguez, al ejecutivo local .

En él, el directivo del ente le advierte de la importancia "vital" de que los ayuntamientos cumplan con sus transferencias puesto que el 90% del montante de las nóminas se sufraga con estas aportaciones, de ahí el enorme problema que genera que un Consistorio como el de Jerez no realice abonos. Así le alerta de que en breve se puede llegar "a una situación donde no dispongamos de tesorería para el pago de las nóminas de todos los funcionarios del Consorcio". "Jerez es un eje fundamental en la vertebración del servicio, siendo totalmente necesario revertir la situación financiera a la mayor brevedad posible ya que, aunque sea muy complejo poder mantenerlo sin la participación de este Ayuntamiento, más difícil es poder proporcionar el servicio con problemas de financiación de tanta magnitud", agrega.

¿Y cómo se ha llegado a los 12 millones de euros de débitos?. El Consistorio jerezano está obligado a abonar a este órgano unos 3,7 millones de euros al año pero se arrastran deudas desde 2007, aunque estas se han disparado en los tres últimos años. En 2010, las cuantías pendientes de pagar se situaban en torno a un millón de euros por lo que ya, por entonces, Jerez se encontraba en el supuesto de expulsión que establecen los estatutos del Consorcio. Sin embargo, la cifra aumentó hasta los 8,8 millones en 2012, momento en el que el ente decidió iniciar el proceso de expulsión que acabó paralizándose tras un convenio de pago suscrito por la anterior alcaldesa, María José García-Pelayo, donde se comprometía a liquidar los débitos entre enero de 2013 y junio de este año, además de afrontar las cuantías mensuales (unos 275.000 euros) y de hacer un pago único de tres millones de euros a la firma del acuerdo.

En noviembre de 2012, la deuda se situaba así en los 5,8 millones pero solo dos meses después de la rúbrica comenzó a incumplirse. De hecho, en estos dos años ha aportado a este órgano supramunicipal una cuarta parte de sus obligaciones. Esto ha supuesto que, a mes de septiembre, el débito ascienda ya a 12.435.820,49 euros.

El edil de Medio Ambiente, José Antonio Díaz, señaló que el gobierno local está buscando alternativas para poder establecer un nuevo calendario de pagos, tal y como le reclama el Consorcio de Bomberos. Eso sí, se da la circunstancia de que la caja municipal atraviesa en la actualidad un momento muy complicado con un déficit de tesorería galopante -se estima que a final de año superará los 45 millones de euros-. Cabe la posibilidad de que parte del anticipo que se tiene previsto solicitar al Estado se destine a disminuir esta deuda y, de este modo, mantener la 'confianza' del Consorcio, aunque esta vía no la confirma el gobierno local por el momento.