El presidente de Horeca, la patronal hostelera provincial, Antonio de María, mostró ayer su "honda preocupación" por el hecho de que se haya permitido el alquiler de habitaciones y pisos a particulares ajenos a la industria turística. Según apuntó a este medio, "lo que se ha hecho ha sido legalizar la economía sumergida" y destacó que esta nueva situación tendrá claras repercusiones en la celebración del Gran Premio de España de motociclismo que se disputa cada año en el circuito de Jerez.

"Es completamente cierto -apuntó Antonio de María- que durante el Gran Premio de motociclismo siempre se ha alquilado, pero se hacía de forma ilegal. Quien lo hacía sabía que perpetraba una ilegalidad que podía costarle un disgusto con la Hacienda pública", señaló ayer a este periódico. La situación ahora es del todo distinta pues "lo que se ha conseguido ha sido justamente legalizar la economía sumergida".

Quien quiera alquilar su vivienda para la Motorada tendrá a partir de ahora dos opciones. O alquila el piso al completo bajo supervisión, eso sí, de la Administración autonómica, o bajo idéntica supervisión lo hace por habitaciones, lo que le conllevará la obligación de vivir en el domicilio mientras su clientes conviven con él bajo su techo. Ni que decir tiene que el daño para el sector hotelero es enorme, máxime cuando ahora se contará "con todo tipo de beneplácitos administrativos".

Para poder acceder a esta modalidad de alquiler los interesados deberán estar controlados por la Administración, lo que les obligará a registrarse para obtener una acreditación. Lógicamente, los ingresos que generen los alquileres deberán ser declarados ante los servicios de Hacienda.

Cabe recordar que los pisos turísticos tienen tres meses para regularizarse y evitar sanciones. La Junta de Andalucía, de esta forma, abre el camino a multar a las viviendas que tradicionalmente se destinan al alquiler de turistas y que no estén inscritas en un registro.

Tan sólo en Andalucía, y según cálculos de la propia Junta, hay unas 80.000 viviendas que se destinan regularmente a este tipo de alquileres. La cuenta es fácil: 10.000 por cada provincia de la comunidad con especial incidencia en las cinco que cuentan con costas en su geografía.