Cinco médicos de centros de salud de Jerez están siendo investigados en el marco de la operación ‘Pharmakis’ por la que la Guardia Civil desmanteló el lunes de la pasada semana un ‘consultorio’ ilegal en La Constancia y en la que fue detenido además su responsable, José Silva, su mujer y  la farmacéutica de una farmacia de Cuartillos, que dispensaba los medicamentos. Una vez levantado el secreto de las actuaciones, la Guardia Civil  informó ayer que las ocho personas que la pasada semana fueron puestas a disposición judicial están siendo investigadas como presuntos autores de  los delitos contra la Salud Pública, estafa alServicioAndaluz de Salud (SAS), intrusismo profesional y falsificación de documentos, por su presunta implicación en la retirada de forma ilegal de miles de medicamentos con cargo a la Seguridad Social, y por poner en funcionamiento un ‘consultorio’ médico, donde se dispensaban medicamentos y se realizaban prácticas sanitarias sin las más mínimas garantías. 

A José Silva, presidente de la ‘Asociación Jerezana para el Bienestar y la Salud’, se le conoce por ‘Pepito el de La Constancia’ y ya hace 14 años se vio envuelto en una operación bastante similar. Fue el ‘casoAdoje’, por el nombre de la empresa que él presidía ,y llegó a derivar incluso en trifulca política por tratarse del hermano del entonces concejal Luis Silva. Cinco años después, el fiscal pidió el sobreseimiento del caso.   En esta ocasión la operación se inició cuando la Guardia Civil del Puesto Principal de Jerez recibió el encargo de la Fiscalía de investigar una denuncia presentada por la Inspección de Farmacia de la delegación territorial de Salud de la Junta, por unas supuestas irregularidades en la retirada masiva de medicamentos que se habían cargado sobre tres usuarios, produciéndose en un primer momento lo que parecía un fraude de casi 20.000 euros.  

Las investigaciones  llevadas a cabo por la Guardia Civil, coordinadas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Jerez,   permitieron determinar que los usuarios que supuestamente habían retirado los medicamentos se encontraban fuera del área de influencia de la farmacia en cuestión, siendo además por la edad y sus condiciones físicas bastante improbable que hubiesen realizado un trayecto tan largo para retirar las medicinas. La Guardia Civil  destaca además que si hubiesen ingerido los medicamentos retirados “posiblemente habrían fallecido”. Como ejemplo, a una usuaria que decía haber retirado 8 envases de un medicamento muy concreto,  se le cargaron en su tarjeta un total de 96 envases, superando el cargo irregular los 2.100 euros. A otro usuario  le cargaron un total de 109 envases de otro fármaco, cuando sólo decía haber retirado 12, siendo el cargo ilícito de casi 2.250 euros. En otro caso, a una paciente le  cargaron en su tarjeta 27 envases de un medicamento de muy alto coste y que debía ser administrado por un facultativo pero la usuaria solo había retirado 6 envases, por lo que la facturación irregular ascendía a 15.250 euros.

La Guardia Civil tiene claro que estas irregularidades  no se podrían llevar a cabo sin la colaboración de farmacéuticos que expendieran  los fármacos y facultativos que cargaran cantidades enormes de medicamentos para cualquier usuario, incluso, pacientes que nunca aparecían por sus consultas. 

Tras conocerse ayer la  presunta implicación de cinco médicos, algunos de ellos, según fuentes consultadas, del centro de salud de Madre de Dios, desde la delegación territorial rehusaron hacer valoraciones al tratarse de un asunto que está ya en el ámbito judicial, pero sí insistieron en que  “todo ha sido a raíz de una actuación de la Inspección de la propia delegación”. Desde el Colegio de Médicos de la provincia se limitaron a mostrar su respeto por la investigación y “las diligencias actualmente en curso hasta conocer sus conclusiones”.

Las investigaciones apuntaban además, según relata la Guardia Civil a una asociación “sin ánimo de lucro”, “que  fomentaba el bienestar”  entre los vecinos de La Constancia, “desvelándose ante las primeras gestiones, que funcionaba como un verdadero consultorio médico donde se almacenaban y expendían, enormes cantidades de medicinas y material sanitario, y donde se realizaban curas y otras actividades sanitarias, sin las mínimas condiciones higiénicas”. Además -agrega la Guardia Civil- estas prácticas eran realizadas por personal que o no tenía la titulación necesaria para realizarlas, o si la tenían carecían de contrato alguno y de seguro de responsabilidad civil, en el caso de existir algún tipo de problema.

Una vez constatado que el presidente de la asociación, junto con otros colaboradores, se desplazaban a determinados centros sanitarios provistos de tarjetas sanitarias, para cargar en ellas ingentes cantidades de medicamentos, bajo demanda indiscriminada, los guardias civiles procedieron a seguirlos, determinando que realizaban largos trayectos pasando por numerosas farmacias, hasta llegar a la que generaba la estafa investigada. Allí se aprovisionaban de todo el material, cargaban el turismo y volvían a la asociación.

En un control realizado por agentes de Guardia Civil éstos observaron que  portaban de forma irregular medicamentos que tenían que conservarse a temperatura determinada,  otros de administración por parte de facultativos, así  como fármacos contra el cáncer, morfina, y psicotrópicos.  Por todo ello y  tras obtener el correspondiente mandamiento judicial, se registró el domicilio del presidente de la asociación, a  la vez que se controlaba la propia sede de la asociación.  

El subdelegado del Gobierno en la provincia, Javier De Torre, afirmó ayer que  “lo importante aquí es que la salud pública y la salud de muchos usuarios de ese consultorio queda salvaguardada. Para nosotros, poder descubrir este tipo de situaciones y conseguir en definitiva que personas que no están cualificadas para ejercer este tipo de labores queden a disposición judicial es  fundamental. No se puede jugar con la salud de los ciudadanos”.  De Torre añadió que “se ha actuado con prontitud y  la investigación ha sido un éxito. Ahora esperaremos que la autoridad judicial tome las decisiones que estime pertinentes. El trabajo policial ya está hecho”.

La presunta implicación de cinco médicos causó incredulidad entre compañeros de profesión. Uno de ellos recordaba lo ocurrido hace años con el ‘casoAdoje’, en el que también se llamó a declarar a facultativos y que “luego quedó en nada. No se puede poner la mano en el fuego por nadie, pero no creo que esto tenga mucho recorrido. Desde luego que se investigue lo que haga falta, pero no veo el negocio”.