Algunos viticultores del Marco se han visto forzados por la difícil situación que atraviesa el sector y la falta de perspectivas a aceptar la primera oferta en firme sobre el precio de la uva que puso el lunes sobre la mesa una bodega sanluqueña, que a cambio de la renovación de los contratos de entrega de la producción para dos campañas pagará 28 céntimos por kilo, a medio camino entre los 24 céntimos que estaban entregando a cuenta las firmas bodegueras y de los 37 céntimos -más IPC- que reclamaban los productores. La oferta es vinculante para los dos años por los que se firma el contrato.

Barbadillo ha roto así el silencio de las bodegas y su patronal (Fedejerez) para convertirse en la primera firma bodeguera del Marco en empezar a renovar contratos a un precio un 25% inferior al que percibieron en las dos últimas vendimias los viticultores, a los que fuentes del sector apuntaron que no les queda más remedio que aceptar, por baja que sea la oferta, porque es la única garantía de continuidad a la que pueden aferrarse al no quedarles otra salida.

Tras la firma de los primeros contratos, la noticia corrió ayer como la pólvora en el Marco, aunque de momento no se ha producido reacción alguna por parte del resto de las bodegas, que se niegan a sentarse a negociar el precio con los productores. La patronal bodeguera, esta vez amparada por el Consejo Regulador, eludió ayer pronunciarse sobre el conflicto sobre el precio de la uva durante la rueda de prensa conjunta que ofrecieron en la sede de la Casa del Vino para presentar un concurso gastronómico.

Tras la reunión celebrada la semana pasada en la sede de la patronal de empresarios de Sanlúcar, los viticultores (viñistas y cooperativistas) volverán a abordar hoy el problema de la falta de precio de la uva y de la situación del sector en una asamblea informativa a la que también han sido invitados los alcaldes de los municipios que integran el Marco de Jerez.

Las fuentes del sector consultadas por este medio indicaron que el objetivo de este encuentro es unificar criterios para pedir la implicación de la Junta en un plan de viabilidad para el sector.