Entre copas (la página del vino)

La protesta sin ruido de los viticultores

Los viñistas, enojados con las bodegas por el precio de la uva, 'llaman' a la Consejería de Agricultura para que, a la vista de la nueva OCM del vino, se involucre en que todo se produzca en el Marco

| Actualizado 22.01.2009 - 01:00
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Servicio de dos copas de fino en la Alameda del Banco.

Las bodegas han conseguido enfurecer a los viticultores con el tema del precio de la uva (y el que vendrá para el mosto). Con la decisión de reducir el precio de la uva alrededor del 25%, las bodegas, es decir, Fedejerez, esperaban que se produjera la respuesta habitual en este tipo de conflictos, es decir, asambleas, reuniones con alcaldes, una manifestación a la puerta del Consejo Regulador, algo de mosto corriendo Avenida abajo... es decir, lo normal, y lo que está ocurriendo es mucho más sutil.

En primer lugar, los viticultores han abierto el frente de los subproductos (mosto concentrado, alcohol vínico e incluso vino caramelizado) y del Pedro Ximénez, es decir, del 'todo líquido' que forma parte del contenido de una botella de vino de Jerez y que no se ha producido en la zona de la denominación de origen. Este tema viene a cuento -como contraataque, se entiende- por dos motivos que tienen mucho que ver con el escenario del sector a corto plazo, de un lado la nueva Organización Común del Mercado (OCM) del vino, del otro, los objetivos del anterior plan estratégico y la posibilidad, aunque de momento solo sea una posibilidad, de que la Junta esté sopesando alumbrar otro plan, tal y como requieren los propios viticultores. Son dos cuestiones, OCM y papel de la Junta, que además se entremezclan.

Sobre la OCM, hay que recordar que la reforma pretende que todos los subproductos procedan de la misma zona de producción, algo que no ocurre en el Marco de Jerez, que además 'importa', bajo determinadas condiciones, Pedro Ximénez de Montilla-Moriles.

Frente a la idea de partida de las grandes bodegas de conseguir una moratoria de equis años para que Jerez pueda seguir funcionando como hasta ahora, está la visión de los viticultores, que creen que, ahora sí, ha llegado el momento de que todos esos 'subproductos' se elaboren en el Marco, lo que generaría más valor añadido a la uva. El mismo martes, en una jornada que tuvo lugar en Sevilla, la gerente de Aecovi, Carmen Romero, abogaba por crear en el Marco de Jerez un mercado de alcoholes que sería una importante salida a la materia prima y que pondría fin al uso de alcoholes destilados en Castilla-La Mancha, tal y como ocurre hasta ahora, entre otras razones porque las grandes bodegas del Marco tienen alcoholeras en dicha zona. Incluso Romero afirmó, según recoge Europa Press que "la denominación de origen de Jerez tiene que avanzar en que sus productos sean cien por cien de la zona, lo que además sería una solución a la crisis". No son unas palabras aisladas. En ese contexto, un viticultor recordó en la edición del lunes de este periódico que aproximadamente un tercio del contenido de una botella de Jerez no se ha producido propiamente en el Marco, un dato que puede parecer exagerado, pero...

Y ahora viene el papel de la Junta. En primer lugar hay que recordar que su aportación de 6 millones de euros durante cuatro años estuvo condicionada a que se empezara a trabajar en ese sentido y, de hecho, aunque el plan no cumplió objetivos, fue determinante el mosto azufrado para concentrado que las cooperativas de Aecovi elaboraron y vendieron casi en su totalidad a Domecq Jerez (hoy Beam Global).

Hoy parece que eso no sería suficiente. Las bodegas por el momento insisten en el "mercado-mercado" para defender el bajo precio que están pagando por la uva e incluso su reticencia a que haya un precio oficial a tenor del 'palo' que ha supuesto el informe de la Comisión Nacional de la Competencia, mientras que los viticultores apuestan por una implicación de la Junta que signifique el fin de determinadas prácticas, por muy acendradas que estén en la zona, y que hagan rentable el cultivo, sobre todo después del parón en seco que ha supuesto que para este año la Unión Europea sólo autorice el arranque de 300 hectáreas.
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