Municipal

La Junta anula la estructura de mando del Ayuntamiento de Jerez

  • El PP denuncia que el gobierno municipal recibió el requerimiento el 30 de marzo "y no ha informado" · La Administración andaluza dice que el acuerdo infringe hasta cuatro "principios constitucionales"

La Junta de Andalucía ha 'tumbado' la estructura de mando que el gobierno jerezano llevaba meses elaborando como medida provisional antes de la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo. Así, la Consejería de Gobernación, a través de José Antonio Gómez Periñán, ha enviado un requerimiento al Ayuntamiento de Jerez para que en el plazo "máximo de un mes" (es decir, el 30 de abril porque fue el docuemnto fue recibido el 30 de marzo) proceda a "anular" las disposiciones del punto 3 del acuerdo plenario de 26 de enero, "en cuando a la adscripción nominativa de los 180 puestos de trabajo correspondientes a la denominada 'estructura de mando', prevista en la Base 10ª de ejecución del presupuesto". En concreto, desde la Administración andaluza alegan como primer motivo de esta decisión que "no consta la aprobación de la relación de puestos de trabajo", documento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto así como sus características retributivas.

Asimismo, la petición de anulación viene avalada porque en la estructura de mando realizada por el Ayuntamiento de Jerez "se prescinde de cualquier procedimiento de los previstos en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo en la provisión de los 180 puestos de trabajo". En el requerimiento se especifica también que "la 'adscripción provisional' pretendida no se acomoda a ninguno de los tres supuestos" que la ley permite. Por si esto fuera poco, la Junta de Andalucía deja claro que la estructura de mando del Consistorio "conculca los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, aplicables no sólo en el acceso a la función pública, sino también durante la relación de servicios, según la doctrina del Tribunal Constitucional".

Dicho requerimiento fue recibido en el Ayuntamiento jerezano el pasado 30 de marzo, aunque no ha sido hasta 20 días después cuando se ha dado a conocer al tener acceso a la documentación el PP de Jerez, que la hizo ayer pública a primera hora de la tarde. Hay que recordar que los populares ya presentaron un recurso contencioso-administrativo contra la estructura de mando al creer que "pisoteaba literalmente 6 leyes y 2 reglamentos que regulan el acceso a la función pública", tal como recordó ayer la portavoz, María José García-Pelayo.

Tras conocer la documentación, el PP calificó el requerimiento de "contundente" y "nítido", e hizo hincapié en que si el gobierno municipal no anula el acuerdo antes del 30 de abril, "la propia Junta de Andalucía será la que en el plazo de los dos meses siguientes tendrá que recurrir al contencioso administrativo exigiéndole al Ayuntamiento la anulación". Incluso, García-Pelayo mostró su sorpresa porque "es la primera vez, que nosotros tengamos constancia, en la historia democrática del Ayuntamiento que la Junta anula un acuerdo del pleno municipal, aprobado por supuesto con los votos del PSOE y con los votos en contra del PP".

La portavoz popular recordó que el PP denunció ante Gómez Periñán "la ilegalidad" de la estructura demando con un escrito el 20 de marzo y, hasta el día de ayer, "no hemos tenido información sobre la tramitación del requerimiento. Lo más lamentable es que desde el 30 de marzo el Ayuntamiento y Pilar Sánchez ya sabían que el acuerdo era ilegal y se han callado, no han dicho nada a los trabajadores municipales afectados ni a nadie". Al tiempo que apuntó que, precisamente ayer cuando el PP tuvo acceso a la documentación, la delegada de Recursos Ainhoa Gil, "nos dice en un escrito que a partir del día de hoy, cuando faltan 10 días para que se tenga que anular el acuerdo y 20 días después de conocer que es ilegal, van a hablar con la delegación del Gobierno para aclarar determinados puntos del acuerdo. Es decir, el gobierno oculta el requerimiento y sólo decide mover un dedo cuando el PP tiene acceso al mismo".

A la luz de la decisión tomada por el Gobierno andaluz, García-Pelayo subrayó que "esto demuestra que no hay gobierno en esta ciudad o que las decisiones no se toman con criterio técnico, ya que los propios técnicos han presentado recurso contra la estructura. El peligro es que la ciudad no la gobiernan en base a criterios políticos y Sánchez confundió la libre designación con la designación a dedo". Así, destacó que por estos motivos, "su propio partido el PSOE la ha llamado al orden y le ha pedido que restablezca la legalidad".

Adelantándose a las declaraciones que minutos más tarde realizaron desde el Ayuntamiento, la portavoz popular señaló que "por muchas estrategias que busquen desde el gobierno local para justificar el requerimiento, el acuerdo de 23 de diciembre intoxica de legalidad de cualquier acuerdo posterior porque cualquier acuerdo posterior adoptado por el Ayuntamiento en torno a la estructura de mando viene sustentado sobre el acuerdo del 23 de diciembre". Así, concretó que en "la base 10º se establecían las normas, que es lo que hemos recurrido, para la adscripción o designación de personal a puestos determinados. Además, el presupuesto tenía también el anexo de personal que es la aplicación práctica de la base, con las personas concretas ocupando sus cargos. Y ninguno de estos asuntos se ha modificado, afectando a acuerdos posteriores".

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