El caso conocido como el de la 'finca del Resucitado' sigue parado prácticamente un año después de su apertura con la única novedad de que el constructor jerezano Basilio Iglesias y su hijo Javier Iglesias han sido imputados. Se trata de una acusación "con escasa base legal, por no decir nula", asegura el abogado del propietario de la compañía BI, Francisco Mauriño, quien destaca que dicha imputación se basa en la declaración de uno de los detenidos en la que vino a decir ante el juez "algo así como que el constructor de Jerez debía saber algo".

La denuncia por parte de los perjudicados, es decir, la familia de Juan Pérez Galisteo, se interpuso en 2005 en los Juzgados de Jerez para luego inhibirse la causa a los Juzgados de Cádiz. Desde entonces se han llevado a cabo múltiples diligencias con el resultado de la detención de dos personas y la imputación de otros 7, aunque desde hace aproximadamente 1 año no ha habido más diligencias para el esclarecimiento de los hechos y las personas responsables.

El 'caso de la finca del Resucitado' es uno de los más rocambolescos que se han dado en Jerez en los últimos años. Como ya publicara este periódico, se trata de unos terrenos ubicados entre la glorieta de Biarritz y la avenida de Lola Flores (hacen esquina) que fueron vendidos a la sociedad Inverhauss XXI (gestionada por la familia Iglesias) por unos individuos, uno de los cuales se hizo pasar por un emigrante jerezano que, de vivir, tendría hoy en día más 118 años.

Aparte, cabe destacar que estos dos individuos con carnes de identidad falsificados -que se encuentran en prisión preventiva- fueron a la notaría de Estepona y después a otra de Cádiz. A la primera acudieron para otorgar un poder a uno de ellos, que sería el encargado de vender la finca que estaba a nombre del legítimo propietario, el referido Juan Pérez Galisteo, y en la segunda notaría para que dicho apoderado vendiera la finca a la mercantil Inverhauss.

Semejante disparate fue posible gracias a la escasa diligencia -ambas partes, acusación y defensa coinciden a la hora de señalar que "diligencia, lo que se dice diligencia, no hubo ninguna"- por parte de la notaría de Estepona donde los cerebros de la trama engañaron fácilmente al notario que legalizó la compraventa.

Cabe destacar que lo engañaron con los referidos carnes falsificados y con una nota simple de la finca, en la cual, además, se dejaba al descubierto la verdadera edad del propietario de la misma, algo que no era coincidente con la apariencia del suplantador que fue a firmar al notario.

Los últimos movimientos en el caso se produjeron recientemente, cuando el Ayuntamiento conminó al constructor Basilio Iglesias a que metiera máquinas en los terrenos para quitar cualquier tipo de rastrojo y pasto seco que pudiera provocar incendios. "Se trató de una medida preventiva ordenada por el Ayuntamiento", destacó el defensor Mauriño, si bien cabe señalar que dicha entrada de máquinas fue previamente denunciada por la defensa de los descendientes del 'resucitado', la letrada Elena Sánchez Romacho, al entender que "se habían metido máquinas con el fin de acondicionar terrenos para la construcción en unos terrenos que son objeto de disputa judicial". Lo que se entendió como un intento de limpiar y vallar la propiedad quedó tan sólo en su primer extremo.

Un aspecto que no se debe pasar por alto es que hace unos meses el caso de la 'finca del Resucitado' estaba bastante avanzado si bien últimamente se ha ralentizado. En la actualidad se encuentra así: dos personas que fueron detenidas por la estafa han ingresado en prisión. Se trata del hombre que se hizo pasar por Juan Pérez Galisteo y el apoderado de este individuo, que fue con el poder a Cádiz a vender la finca al grupo de Basilio Iglesias. De por medio hay un corredor de terrenos, que también está imputado, así como dos jóvenes, un chico y una chica que tenían una pequeña inmobiliaria e intervinieron en la compraventa. Ambos también están imputados en el juzgado número 4 de Cádiz.

También están imputados los gestores que llevaron a cabo la tramitación de la nota simple para la venta y la puesta en contacto del supuesto vendedor con la inmobiliaria de Jerez.

Elena Sánchez es la abogada que defiende los intereses de los herederos de Pérez Galisteo. El más joven de ellos tiene 68 años, lo que ya da idea de las graves deficiencias que han rodeado esta extraña compraventa de terrenos. Según la letrada, los internados en prisión han confesado que van con sus documentos nacionales de identidad a un notario de Estepona, que un DNI es falso y que en él uno de ellos se hace pasar por Juan Pérez Galisteo. En la operación se inventan otra identidad falsa, la de Juan Antonio Marco Abellán, para quien en verdad se llama Luis Pascual Santiago. Ambos son detenidos y se da la circunstancia de que a uno de ellos no hay ni que buscarlo pues ya se encuentra cumpliendo condena por un delito similar perpetrado en Madrid, concretamente en Alcalá de Henares.

Cabe puntualizar que en los dos DNI's falsos, las fotos corresponden con los estafadores pero las filiaciones son las de Juan Pérez Galisteo, legitimo propietario de la finca, del que estaba declarado su fallecimiento en 2006 tras llevar en paradero desconocido nada menos que desde 1917, y la de Juan Antonio Marco Abellán.

Contra lo que pudiera pensarse, una de las claves de este caso estriba en saber quiénes son realmente los estafados, algo que no está especialmente claro. Para Elena Sánchez, abogada de los herederos, si hay algo de lo que no cabe duda es que "aquí hay estafa y que se han a anular los hechos, es decir, anular una compraventa que no se ajusta a derecho". Para la Fiscalía de Cádiz, la actuación de los constructores no es lógica. "Existe una estafa y ya hay dos personas detenidas que confiesan haberla llevado a cabo, por tanto debe declararse la nulidad de la compraventa de la finca a Inverhauss XXI SL retrotrayéndose todos los actos jurídicos al momento anterior de la firma de dicha escritura de compraventa", apuntó Elena Sánchez.

Otro de los grandes enigmas del caso radica en que "los detenidos que están en prisión reconocen que mantenían cierta relación con el notario de Estepona", que es donde se le intenta dar un halo de legitimidad a semejante acto de picaresca. Otro enigma se basa en las circunstancias en las que los dos presuntos estafadores tienen conocimiento de que esos terrenos formando esquina en la avenida de Lola Flores son propiedad de un tipo que lleva años bajo tierra. ¿Tenía conocimiento el mundo inmobiliario jerezano de tal circunstancia? ¿Era algo público en determinados sectores del mundo de la construcción? Serán los jueces quienes aclaren estas interrogantes.

Otro asunto a tener en cuenta es que el caso se lleva en sedes judiciales gaditanas debido a que la compraventa, pese a iniciarse en Estepona (Málaga) se perfeccionó en una notaría de Cádiz. Es por ello que quien acusa es la Fiscalía de Cádiz y que la jueza que instruye el caso en Jerez debe inhibirse pues judicialmente se entiende que aunque la finca esté ubicada en Jerez el delito como tal se perpetró en Cádiz.

Concretamente, el asunto se encuentra en Cádiz desde el año 2006 por esta causa.

La abogada de los legítimos herederos -no se debe olvidar tampoco que en su momento habrá que dilucidar quiénes son realmente los herederos del 'Resucitado'- destacó a este medio que "nuestra intención es solicitar un careo entre los dos presos para aclarar determinados aspectos del caso antes de que éste vaya a juicio, algo que es seguro que va a suceder".

Por su parte, Francisco Mauriño, abogado que defiende los intereses del constructor Basilio Iglesias y su hijo Javier, destacó el máximo respeto de sus defendidos a las decisiones judiciales. "Allí (en los terrenos objeto de litigio) no se va a poner un ladrillo hasta que no se acabe el procedimiento". Desde el lado de la constructora se entiende que toda la polémica nace "de un grupo especializado de expertos policiales que descubre que una banda organizada hace un montaje en el que cuatro personas falsifican carnés de identidad y hacen falsos poderes. Todo eso lo sabemos ahora. A toro pasado es muy fácil decir que te lo podías haber imaginado. Era imposible pues el individuo acude con un DNI y un acta notarial otorgada en Estepona. La falta de diligencia del notario es enorme. Debió cerciorarse más pues su reglamento dice que debe acreditar la identidad del firmante. Además, los notarios disponen de 'herramientas' para saber si un DNI es legal o no. Lo menos que podía haber hecho hubiera sido comprobar los carnés pues hubiera visto que las letras no se correspondían a los números de los mismos".

Para Mauriño, "los estafadores debían tener acceso al Registro de la Propiedad. El estado de esta finca no era lo que conocemos como una 'vox populi'. Nos hicieron creer que había hasta competencia y por ello los terrenos se compraron por encima de su precio. Mis clientes lo único que hicieron fue pagar. Se pagaron 200 millones de pesetas, mucho más de lo que se debió pagar".

Las razones que provocan que su cliente esté imputado no son ni mucho menos firmes, según Francisco Mauriño, quien apunta que "lo imputan porque alguien de la banda dijo algo así como que le parecía que el que compró en Jerez (Iglesias) debía saber algo. La verdad es justamente la contraria. No hay nada, absolutamente nada contra él. Este asunto le está haciendo un daño terrible tanto personal como a su imagen. Buena prueba es que desde hace un año no se ha ejercido ninguna acción contra él", concluyó, no sin antes recordar que "del dinero pagado (nada menos que 200 millones de pesetas) nunca más se supo". "¿Quién es aquí la víctima?", preguntó.