La mayor empresa de Jerez, con unos 2.700 empleados directos, es su Ayuntamiento. Si en lugar de una Administración pública fuese verdaderamente una sociedad privada, con total seguridad habría entrado ya en concurso de acreedores. Una situación desesperada que exige medidas extraordinarias a corto plazo, según establece el Plan de Viabilidad que piensa aprobar el equipo de gobierno socialista en el pleno municipal de la semana próxima. Sólo Sevilla, la capital andaluza, y Marbella, paradigma del desmán a escala local, superan al Consistorio jerezano en gasto de personal. En la nómina municipal sólo un 25% de trabajadores es funcionario y, en algunos casos, se perciben salarios brutos anuales superiores al sueldo del presidente del Gobierno o al del máximo responsable del Consejo General del Poder Judicial. Una Hacienda Local que, además, es la número uno de la región en pagar intereses a los bancos, tras refinanciar sus deudas y traspasarlas a las entidades crediticias para no ahogar más a pequeños y medianos proveedores.

El déficit del holding municipal -Ayuntamiento matriz y empresas locales- asciende hoy a 673 millones de euros, unos 'números rojos' que se han ido amasando en los últimos 25 años, con Pedro Pacheco a la cabeza de la locomotora municipal, y que se dispararon desde 2003. Fue el momento en el que se sucedieron dos alianzas de gobierno (primero, PP-PSA; luego, PSOE-PSA) que instauraron dos ayuntamientos paralelos que 'engordaron' el déficit en 184 millones.

La mayoría socialista, en marcha desde 2007, ha hecho más bien poco por adelgazar una nómina consolidada que para este año estaba presupuestada en 111 millones. El gasto corriente ha seguido creciendo sin remisión y cuestiones como la legión de asesores de la alcaldesa; 'tijeretazos' de sueldo aleatorios (considerados como 'caza de brujas', por ciertos sindicatos y agrupaciones de técnicos); y los primeros retrasos en el pago de los salarios, no han hecho más que ejercer presión sobre un Consistorio convertido en olla a presión. La amenaza de bloqueo por parte de la Seguridad Social y Hacienda, que advirtió que retendría la PIE y embargaría el 'Plan E' para 2010 si no había acciones inmediatas, han acorralado a la regidora socialista. Ésta, sometida en paralelo a un tremendo deterioro de su imagen pública, ha saltado, se supone que con red, a anunciar la aplicación inmediata de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afectará, en una primera fase, a 300 empleados laborales del Ayuntamiento.

Ante una situación límite, una primera medida sin precedentes. Dentro del conjunto de actuaciones de "ajuste duro a corto plazo" que incluye el citado Plan de Viabilidad, la alcaldesa ha echado mano del recorte menos traumático al que se podía recurrir: es voluntario, sin edad, ni antigüedad, y en una primera fase puede afectar a 300 laborales que verían suspendidos sus contratos durante 24 meses, preservando su sueldo íntegro y todas las garantías sociales y laborales. En principio, un panorama "idílico", como lo han llegado a calificar algunos sindicatos de la ciudad. Sin embargo, sus principales 'peros' son saber quién paga y si autorizar una medida de esta dimensión puede provocar un efecto llamada a otros ayuntamientos en similares circunstancias. Según detalló Sánchez, será el Inem el que corra con el 60% de las nóminas -la protección por desempleo-, reservando el Ayuntamiento un plan social para cubrir el 30% restante. La Junta de Andalucía, por boca del consejero de Empleo, Antonio Fernández, poco más o menos se ha lavado las manos, pues al margen de no tener que poner ni un euro, no tiene más remedio que autorizar el ERTE ante la cobertura legal del mismo.

El propio Fernández hacía alusión hace unos días al Estatuto de los Trabajadores para admitir que "si llega consensuado con los sindicatos, tendremos que limitarnos a recibirlo, aceptarlo por imposición legal y tramitarlo". No obstante, como si pareciera no tenerlo demasiado claro, su delegado provincial en Cádiz, Juan Bouza, aseguraba esta misma semana que veía "bastante complicado" aprobar el expediente dado lo "novedoso" de la medida.

Meridiano tiene que verlo Sánchez, o muy 'cocinado' tienen que habérserlo ofrecido desde arriba, para haber tildado ya de "éxito" la medida. El Estado no se ha pronunciado y el sindicato mayoritario del Ayuntamiento, CGT, ha dejado claro que la impugnará nada más sea aprobada por el pleno. En Madrid, muchos otros ayuntamientos ya han preguntado en qué cola hay que ponerse y a la Administración central empieza a temblarle las piernas a tenor del descuadre presupuestario que podría ocasionar en el Inem una avalancha de ayuntamientos morosos pidiendo tratamiento de empresa privada. El debate a nivel nacional está abierto. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) respeta la autonomía municipal para decidir "la mejor manera de salir de las dificultades" y culpa sin titubear de estas penurias a una pésima financiación local. La celeridad con que pretende impulsar este expediente el gobierno jerezano hará que en poco tiempo veamos si se está ante la evidencia de una larga lista de consistorios sobredimensionados o si realmente lo que subyace bajo esta propuesta es el mal crónico de una insuficiente financiación local.