La Junta de Andalucía ha frenado en seco las aspiraciones del equipo de gobierno municipal que lidera la alcaldesa, Pilar Sánchez, de aplicar a la mayor brevedad posible un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en el Ayuntamiento de Jerez que garantice, dentro de un conjunto más amplio de medidas de ahorro económico, la viabilidad financiera de la institución. No es que el Ejecutivo de Griñán se haya negado en redondo a tramitar y autorizar la solicitud cursada por la Corporación local a finales del pasado mes de diciembre, sino que es tal la cantidad de documentación requerida y la complejidad para cumplimentarla en el plazo legal exigido -apenas diez días hábiles desde la recepción del requerimiento- que parece harto complicado que pueda salvarse este primer gran escollo en la carrera hacia la suspensión del contrato de, en una primera fase de dos años, 300 trabajadores laborales de la plantilla municipal.

De este modo, la medida 'estrella' del Plan de Viabilidad a largo plazo del Consistorio jerezano, aprobado en solitario por el gobierno local socialista en el último pleno de 2009, se ha encontrado con multitud de pegas por parte de la Junta que, entre otras muchas cosas, solicita que en el plazo referido le sea remitida una lista con los trabajadores afectados por el ERTE municipal; un informe de la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Gobernación que acredite y justifique que se han agotado todas las medidas de saneamiento financiero que contempla la legislación; y las cuentas del Ayuntamiento referentes a los tres últimos ejercicios "debidamente auditadas". De no ajustarse y cumplimentar el requerimiento, dice el informe, "se tendrá por desistida la petición, archivándose el expediente".

Y es que no es fácil poner en pie este expediente pero, a tenor de lo que han asegurado a este medio fuentes oficiales de la Administración autonómica, la documentación para tramitar el ERTE reportada en un primer momento por el gobierno local que lidera Pilar Sánchez ha sido "sencillamente impresentable". Según el requerimiento de subsanación al que ha tenido acceso Diario de Jerez, remitido esta pasada semana por la Consejería de Empleo a Alcaldía-Presidencia y al comité de empresa del personal laboral del Ayuntamiento, para llevar a cabo la tramitación del ERTE, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 6 del Real Decreto 43/1996, deben remitirse hasta doce documentos acreditativos que el gobierno municipal socialista omitió al formular a la autoridad laboral, el pasado 28 de diciembre, la solicitud oficial para la tramitación del expediente de regulación. Un ERTE, por cierto, que se ha cursado para cuatro años, pese a que en principio se anunció que la segunda bianualidad -que afectaría a otros 250 empleados- se decidiría en función de los resultados económicos del primer expediente.

Entre ellos, hay uno que es absolutamente clave y que, a día de hoy, es casi imposible de obtener a tan corto plazo: el listado con la nómina de trabajadores municipales afectados -se habla de 300, pero sin certeza alguna de que haya un solo interesado en 'apuntarse' al ERTE-; los criterios utilizados; y el periodo durante el que se llevarán a cabo la medida solicitada. En este punto, no se trata únicamente de que el periodo de consultas no comenzará en el mejor de los casos hasta la semana próxima, sino que buena parte del personal municipal susceptible de acogerse a la medida sigue mostrando recelos e incertidumbre ante una actuación que, según 'vendió' el gobierno municipal, es libre y voluntaria, sin edad ni antigüedad. La Junta también reclama "número y categorías de los trabajadores empleados habitualmente durante el último año", así como las concreciones del Plan de Acompañamiento Social -al tener más de 50 empleados-, que "contemple las medidas previstas por el Ayuntamiento para evitar o reducir los efectos de la medida solicitada". Aquí hay que recordar que el gobierno municipal ya anunció en su momento que cubriría con un plan específico el 30% del sueldo que no pagara el Inem a quienes se acogiesen al ERTE.

Tras recibir la petición oficial del Consistorio, Empleo igualmente demanda una memoria explicativa de las causas motivadores del expediente; y, si la causa es económica, "como parece deducirse del escrito de solicitud, la documentación debidamente auditada acreditativa del estado y evolución de su situación económica, financiera y patrimonial de los tres últimos años". En este punto, argumenta el requerimiento, "la documentación que se remite, además de no estar auditada no está firmada por ningún órgano del excelentísimo Ayuntamiento con competencias al respecto".

A todo lo anterior, Empleo de la Junta también demanda al Ayuntamiento que indique "claramente la medida solicitada y las causas por las que se solicita". También se exige "documentación acreditativa de que se trata de una situación coyuntural" y "copia del escrito de comunicación a los representantes de los trabajadores del inicio de periodos de consultas" y "escrito solicitud del informe a los representantes de los trabajadores, que tendrán que emitir con carácter previo a la ejecución de las decisiones adoptadas". Siguiendo con el apartado sindical, se solicita el acta con la posición de las partes y, en todo caso, "una vez concluido el periodo de consultas, el acta final comprensiva del contenido de las negociaciones"; así como el informe del comité de empresa (artículo 64 Estatuto de los Trabajadores).

Por último, el Gobierno andaluz demanda un Informe de la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Gobernación justificativo de que el municipio solicitante "ha agotado todas las medidas de saneamiento financiera que permite la legislación". Ésta, precisamente, es una de las razones que argumenta el sindicato mayoritario en el Consistorio y los grupos de la oposición para rechazar un expediente que "debe ser el último recurso cuando aún hay tantas medidas de ahorro que adoptar".

Sea como fuere, aclara el requerimiento, "todo lo anteriormente indicado, está referido a personal laboral que presta servicios en el Ayuntamiento, para el que es aplicable el Estatuto de los Trabajadores y demás normas laborales, estando excluidos los funcionarios de carrera, que se regirán por la normativa específica para los mismos". Al tiempo, apostilla, "ha de tenerse en cuenta que las negociaciones a las que se refieren los apartados indicados ha de ser la que represente al personal laboral del Consistorio".