La Junta de Andalucía "no hará distinciones" en la tramitación del Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) solicitado por el Ayuntamiento de Jerez. La versión municipal, tras la noticia publicada por este medio en la que se ponía de manifiesto el serio revés en el objetivo de aplicar la suspensión temporal de los contratos de 300 a 550 trabajadores municipales en cuatro años, es que no se ve obligado a aportar más documentación por el origen público del expediente y su carácter voluntario. Sin embargo, ayer mismo el delegado provincial de Empleo, Juan Bouza, manifestó, en declaraciones a este periódico, que "no hacemos distinciones a la hora de tramitar los ERTEs entre corporaciones públicas y empresas privadas; hay un marco legal y hay que cumplirlo". En todo caso, dijo, "la tramitación sigue su curso con normalidad, aunque los interlocutores del Ayuntamiento son los servicios centrales de la Consejería".

Precisamente en Sevilla, el consejero Antonio Fernández, expresaba en los pasillos de unas jornadas sobre concertación social sus cautelas a la hora de poner en práctica esta medida y dejaba claro, según le trasladó al secretario local de CCOO, José Manuel Trillo, que la ley hay que cumplirla y la tramitación del ERTE municipal precisará de las mismas exigencias que un expediente similar cursado por una empresa privada. En este sentido, según recordaron ayer fuentes de la consejería, "el Ayuntamiento plantea un ERE suspensivo, que se regula por el 45.1 del Estatuto de los Trabajadores, en sus apartados 45.1 i) y 45.1 j), además del artículo 47 del mismo Estatuto; y el Real Decreto 43/1996 de 19 de enero". "Este es el marco legal, y las normas son las mismas para Acerinox, que recientemente ha cursado un ERTE, que para el Ayuntamiento; el procedimiento con los expedientes es idéntico: se registra, se comprueba documentación y se pide subsanación, ya que las leyes exigen garantías para que no se apliquen EREs a libre albedrío".

Sea como fuere, el propio Consistorio jerezano reconoce en su solicitud del expediente que la documentación está incompleta, lo que contrasta con lo manifestado por la delegada de Recursos, Ainhoa Gil. Según reza en el expediente firmado por la alcaldesa, al que ha tenido acceso este medio, "se trabaja para aportar al mismo la información y documentación que permite justificar que la situación financiera y de desequilibrio presupuestario que atraviesa el Ayuntamiento tiene su origen en los resultados deficitarios acumulados en legislaturas anteriores". En este sentido, este planteamiento invita a pensar, como así lo ha deducido la propia Junta, que las motivaciones que llevan a solicitar el ERTE son de índole económica y no organizativas, como defendió Gil en su comunicado. Hay que recordar que en el expediente se habla de una "obligación" del actual equipo de gobierno de "tomar medidas de ajuste presupuestario" y arbitrar medidas para la "contención del gasto y la recuperación del equilibrio presupuestario".

Desde las filas de la oposición, la líder del PP, María José García-Pelayo, declaró ayer que el propio gobierno socialista "reconoce en su escrito que el expediente que cursan es impresentable, por lo que no se explica que encima culpen a la Junta de un error de concepto". En su opinión, el Gobierno andaluz "ha actuado con lógica porque debe velar por el cumplimiento de la legalidad". Asimismo, criticó que Gil no aluda a la ausencia de un informe de Gobernación que verifique que se han agotado todas las medidas de saneamiento económico antes de solicitar el ERTE. Sencillamente, manifestó, porque "no se han agotado". "Hay muchas alternativas de ahorro que no se adoptan", criticó.