La modernización de la zona regable del Guadalcacín, obra emblemática que estaba llamada a revolucionar la producción agrícola de la campiña jerezana, puede acarrear consecuencias nefastas para los dos mil agricultores y casi 12.000 hectáreas que abarca el proyecto, a los que empieza a pasar factura los 80 millones de su coste final, el doble de lo presupuestado inicialmente.
La notificación de los primeros recibos que incorporan los pagos para empezar a amortizar el coste de las obras ha hecho saltar todas las alarmas, ya que los agricultores han visto triplicarse el importe de la cuota que abonan a la comunidad de regantes, situación que perdurará los próximos 50 años y que se agravará en la segunda mitad del plazo estipulado para saldar la deuda, en la que tendrán que devolver al Estado su anticipo de más de 65 millones.
La cuota, que incluye el mantenimiento de la comunidad, la amortización en 25 años del préstamo bancario de 17 millones que solicitaron los regantes para financiar parte del proyecto y el canon del agua y del coste energético, ha pasado en el mejor de los casos de 180 a 600 euros anuales por hectárea. A partir del año 26, el importe podría cuadriplicarse hasta superar con creces los 2.000 euros.
La Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (Coag-Cádiz), que sigue recabando datos, anunció ayer que emprenderá acciones de todo tipo –sociales, judiciales y de ámbito político– ante las muchas anomalías observadas en el desarrollo del proyecto y de las que responsabiliza a la junta de gobierno de la comunidad de regantes, si bien considera que la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) del Sur y del Este también tiene parte de responsabilidad como promotora de la modernización.
Amodo de anticipo, el secretario provincial de Coag, Miguel Pérez, explicó ayer que el proceso de modernización de la zona regable ha sido un cúmulo de despropósitos, desde su inicio en 2003 hasta su finalización en noviembre de 2008, dos años después del plazo de ejecución, periodo que ha estado plagado de “parones” inexplicables, como los registrados al principio al no haberse completado las expropiaciones de suelo; modificaciones en el proyecto,  hasta 3.500 ha contado Coag; y decisiones de dudosa legalidad, como la de destinar a la ampliación del proyecto la aportación de diez millones de euros que realizó la Junta para aliviar la carga de los regantes.
Todas estas decisiones se adoptaron, siempre según Coag, a espaldas de los agricultores, que no han recibido explicación alguna y  a los que Pérez recomienda ahora no pagar los recibos, en base a que también observa “tintes de ilegalidad” en el acuerdo adoptado hace un mes por la junta directiva de la comunidad. No en vano, el secretario de la organización agraria explicó ayer que los regantes rechazaron hace un mes las cuentas, pero la junta directiva hizo caso omiso al mandato de la asamblea, “no levantó acta de la sesión y dio por aprobadas la gestión, el presupuesto y las cuotas”.
“Los regantes no son conscientes de nada de lo que ha pasado y ahora tienen que hacer frente a una cuota inasumible y que les lleva a la ruina, sin que además puedan darse de baja”, señaló Pérez, quien puso un ejemplo doméstico para explicar lo ocurrido:“Necesitábamos un utilitario y compramos un Mercedes, pero ahora no tenemos dinero para pagar la gasolina”. “Esto es más gordo que los daños del temporal, ya que hipoteca de por vida a los agricultores”, apostilló.
La organización agraria no va a quedarse de brazos cruzados, y de hecho Pérez anunció ayer que sus primeros pasos se encaminarán a informar a los afectados en distintas reuniones que celebrarán en las pedanías a partir de hoy y que culminarán el jueves de la próxima semana con una convocatoria abierta a todos los regantes del Guadalcacín en el auditorio de la plaza de Las Marinas.
De entrada, Coag exigió ayer la dimisión “por vergüenza torera” de la junta directiva de la comunidad y la convocatoria de elecciones o la creación de una junta rectora para gestionar el grave problema al que se enfrentan los regantes y que, a juicio de Pérez, también aboca al fracaso el proyecto del Parque Tecnológico Agroalimentario (PTA de Jerez) aparejado a la modernización de la zona regable.