La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Jerez dictó el pasado 6 de abril una providencia mediante la cual cita a la alcaldesa, Pilar Sánchez, a declarar en calidad de querellada el próximo 22 de junio a las diez de la mañana por la demanda interpuesta en noviembre pasado por Pedro Pacheco por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental en relación con los 32 asesores que ha contratado desde 2005 en el Ayuntamiento.

La providencia partió del Juzgado tres días antes de que Sánchez firmara el cese de sus asesores, el pasado 9 de abril, lo que aviva en cierto modo la batalla judicial que dirimen la regidora socialista y su ex socio de gobierno, ya que, según el abogado de Pacheco, Felipe Meléndez, "con esta actuación la alcaldesa demuestra que no eran personas en absoluto imprescindibles para su labor diaria". En este sentido, el abogado no entiende cómo no se le llama a declarar en calidad de imputada, al igual que a las 32 personas incluidas en la querella. "Conviene recordar que Pacheco fue imputado y llamado a declarar por la contratación de dos asesores", señala Meléndez.

El letrado remitió recientemente al Juzgado un escrito, al que ha tenido acceso este medio, en el que solicita nuevas diligencias de pruebas y que se dé traslado de éstas a la Fiscalía Anticorrupción, a la vista del dictado de la providencia y de la "absolutamente insuficiente" documentación remitida por el Ayuntamiento en relación con la causa abierta. El abogado lamenta en dicho escrito que el Ayuntamiento, más de tres meses después de ser requerido para que aportara la documentación, la haya presentado de forma "parcial" y de manera "total y absolutamente insuficiente". No en vano, de los 32 asesores relacionados en el escrito de querella, y requerido el Consistorio en relación con la remisión de información sobre los mismos, sólo aporta documentación de 16 -los relativos a la etapa de gobierno actual-.

Por si fuera poco, cuestiona el nuevo escrito presentado ante Instrucción, de los asesores que el Ayuntamiento sí presenta información "no se remite un solo contrato de trabajo; no se menciona capacitación alguna, titulación ni méritos por los que fue contratado; no se aporta contrato, documentación o información alguna anterior a mayo de 2007; no se aporta informe alguno a favor de la contratación de cada contratado; no se informa en relación con oferta pública alguna; y no se indica en ninguna de las informaciones remitidas destino físico en el que han venido prestando sus funciones laborales". Una carencia de datos en relación con los estudios y la capacitación profesional que, en suma, "hace necesario que comparezcan en calidad de imputados", insiste.

Sorprendentemente, en la documentación adjuntada "no existe ningún acta de toma de posesión, salvo la de José Manuel Jiménez, en la que se halle firma que refiera que el señor secretario municipal se encuentra presente, que ni firma la misma, y ni siquiera sella compulsando la realidad de dicho documento". Por ello, en este nuevo escrito se solicita que se cite a declarar en calidad de testigo al secretario, Manuel Báez, y se acuerde la práctica de prueba pericial caligráfica a realizar por el gabinete de criminalística de la Guardia Civil, con sede en Sevilla. El objetivo es determinar con cotejo de los originales de los documentos aportados como resolución de Alcaldía y originales de toma de posesión de cada una de las 16 personas sobre las que se facilita información al Juzgado, y las copias remitidas al Juzgado por el Ayuntamiento.

Ante las sospechas de la parte querellante de que pudieran haberse falsificado estas actas 'a posteriori', se demanda que la prueba pericial caligráfica determine: "si las distintas actas han podido ser suscritas por el mismo bolígrafo en unidad de acto; si la antigüedad de la tinta obrante en las actas remitidas se corresponde con el año 2007; si cotejadas las copias remitidas al Juzgado con las originales que obran en Instrucción y han de ser remitidas son idénticas; si cotejadas las actas de toma de posesión con las resoluciones de la Alcaldía de cada uno de los 16 contratados, se corresponden unas y otras en antigüedad y formato procediendo en su caso a la medición de la extensión de las líneas de texto, espacio y márgenes de las mismas".

Al hilo de lo anterior, el escrito reitera la necesidad de proceder a la "inmediata" intervención de la documentación correspondiente con el fin de evitar "alteraciones o composiciones interesadas de los expedientes correspondientes a todas y cada una de las personas contratadas". A tal efecto, reclama, "debe constituirse una comisión judicial en el Ayuntamiento sin previo aviso y requerir la entrega completa de la documentación original que pueda existir de los 32 contratados".

En la síntesis del nuevo escrito presentado por el abogado del ex alcalde se asegura que el importe al que asciende la contratación de asesores por parte de la alcaldesa puede llegar a los seis millones de euros -si se tiene en cuenta el mandato completo-, por lo que "entendemos que no puede ampararse en la falta de exigencia legal de currículo académico y profesional del contrato de funcionario eventual, para que se pueda determinar la contratación como asesor de una determinada parcela a quien carece de mínimos conocimientos en relación con la misma".