La juez que instruye el polémico caso de los asesores suspendió ayer las declaraciones, una vez iniciadas, de los dos testigos que presuntamente fueron 'colocados' por el PSOE mediante el Servicio Jerezano de Inserción Laboral (Serjil) en 2005, Dolores Caravaca y Rubén Pérez, para citarlos en breve en calidad de imputados con asistencia de letrado que garantice sus derechos. Este nuevo paso forma parte de las diligencias abiertas, que constan ya de un expediente con unos 1.100 folios, tras la querella interpuesta por Pacheco contra la alcaldesa, Pilar Sánchez -que ya prestó declaración como imputada-, por cinco presuntos delitos "perseguibles de oficio" y 32 contrataciones "controvertidas" de personal eventual de confianza desde que accedió a la Alcaldía, las cuales han podido costar a las arcas municipales "alrededor de 7 millones de euros".

Tanto en el caso de Caravaca como de Pérez, la magistrada interrumpió la declaración, a la que ha tenido acceso Diario de Jerez, cuando fueron preguntados por la titulación acreditativa para los puestos de trabajo que iban a desempeñar en el momento en que el Ayuntamiento les contrató. Si Caravaca manifestó ante la titular que instruye la querella de Pacheco contra Sánchez que "tiene la EGB pero no tiene título de auxiliar de administrativo", a pesar de que "consta en su currículum que sí lo tiene", Pérez admitió que "no sabe lo que se valoró de su currículum" para optar a la plaza de delineante para el área de Viviendas e Infraestructura, al tiempo que dijo "no tener titulación ni documentación que acredite conocimientos de Photoshop y Corel Draw -dos programas informáticos que habitualmente usan los delineantes-". Ambos reconocieron pertenecer al PSOE de Jerez y en ambos casos se inscribieron en el Serjil apenas unos días antes de ser publicada la oferta del puesto de trabajo para el que finalmente fueron elegidos. En el caso de Rubén Pérez es además miembro de la ejecutiva local socialista como responsable de la secretaría de Acción Sindical. A ese cargo suma el de delegado de la sección sindical de UGT en el Ayuntamiento.

Tanto Caravaca como Pérez aseguraron ante la juez que conocieron las ofertas de trabajo por las que fueron contratados por mensajes a sus móviles y negaron que conociesen si con posterioridad a su inscripción en el servicio de empleo jerezano iba a aparecer publicado el puesto de trabajo al que finalmente accedieron. Más allá de lo anterior, en ambos casos apenas se hicieron en aquel momento preguntas en el proceso de selección para su colocación, según se desprende de las declaraciones. Sin ir más lejos, interrogada por la magistrada si tras el currículo tuvo que aportar la titulación acreditativa de que poseía EGB y el título de auxiliar administrativo, Caravaca manifestó que "no tuve que aportar nada". En la selección de Pérez, como ya se ha dicho anteriormente, el declarante dijo desconocer "qué se valoró de mi currículo". Sin embargo, para los puestos a los que optaron concurrieron junto a ellos, según ha venido defendiendo la acusación en la querella, otros candidatos con "alta cualificación y titulados".

Previamente a la prueba testifical interruptus de los dos supuestos 'colocados' vía Serjil por el gobierno de la alcaldesa, Pilar Sánchez, compareció en calidad de testigo la ex jefa del departamento de Promoción de Empleo -al cual estaba adscrito el servicio-, Carmen Gutiérrez. Ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Jerez, ésta reconoció que fue cesada del cargo en verano de 2007 tras mantener "desavenencias" con sus superiores porque "se pretendían saltar ciertos procedimientos para la contratación de alguien concreto que interesaba a mi superior". Por el contrario, Gutiérrez negó que conociese realmente si su destitución fue a raíz de dichos desencuentros con sus "directores de área", que era con quienes trataba de manera habitual. Al mismo tiempo, pese a que los informes para la contratación mediante el Serjil de Caravaca, Pérez y África Becerra -que declarará la próxima semana- no contaron con su firma, negó que esto se debiese a las referidas desavenencias.

Pese a todo, ahondó en que dichos desacuerdos estuvieron relacionados con temas de procedimiento de selección. "Por ejemplo se me exigía -reza la declaración de la ex responsable del Serjil- que no existiera publicidad o que los plazos no coincidieran; supongo que en algunas ocasiones se utilizaban estos métodos para poder contratar a alguien concreto que interesaba a mi superior". "Era habitual -abundó la declarante- que llegasen de Recursos Humanos currículos de personas; y sí es cierto que a veces recibimos llamadas telefónicas de Recursos Humanos comunicando que se remitían currículos de personas que podían ser incluidas en la preselección". En todo caso, Carmen Gutiérrez mantuvo en su comparecencia: "En el Serjil nunca se tuvo en cuenta en la selección la afinidad política".

De manera más que llamativa, el representante del Ministerio Fiscal -al que la defensa de Pacheco ya ha acusado de "pasividad" en esta causa y de "celeridad" en la abierta contra el ex alcalde- optó por no formular preguntas. En cambio, interrogada por la letrada de la parte querellada, Gutiérrez aseguró que sus superiores pertenecían a Recursos Humanos y "lógicamente eran las personas con las que trataba habitualmente", de ahí que fuese "habitual que tuviera discrepancias con ellas". La abogada de la alcaldesa, Gema Pedraza -que ha sustituido a Carlos Chilla- dijo, en relación con la ex responsable del Serjil, que "no accedió a su puesto por concurso", que "la comunicación de su cese no tiene por qué conllevar motivo alguno, y que "desde el cese hasta hoy no se le han modificado la categoría profesional ni retribuciones".

El próximo viernes 19 está previsto que acudan a declarar -en principio en calidad de testigos- África Becerra, actual delegada de Medio Ambiente y que fue contratada vía Serjil en 2005, y el marido y Juan Carlos Jiménez, ex jefe de gabinete de la alcaldesa. Caravaca y Pérez volverán a ser citados por la juez aunque ya para declarar como imputados.