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Reparten alimentos y medicinas, dan de comer a los niños hambrientos, ayudan a las mujeres violadas y a los menores traumatizados, y les basta con lo vivido. Pero para el Gobierno de Sudán, muchas de las organizaciones humanitarias que hasta ahora trabajaban en la convulsa región de Darfur son una quinta columna,es decir, son los informantes de gobiernos occidentales y de la Corte Penal Internacional de La Haya.

Este tribunal emitió el miércoles una orden de arresto contra el presidente sudanés, Omar al Bachir, a quien acusa de crímenes de guerra por la masacre de Darfur. Y la reacción del Gobierno de Jartum no tardó en llegar: se ordenó la retirada del permiso de trabajo a 13 organizaciones humanitarias, entre ellas Oxfam, Médicos sin Fronteras, Care y Save the Children. Además, un portavoz del Gobierno no descartó que otras ONG que actualmente están siendo analizadas también tengan que abandonar el país.

La medida no sólo afecta a los cooperantes, que ahora tienen que recoger sus cosas a toda prisa y abandonar Sudán. Quienes más sufren son los ciudadanos de Darfur, los refugiados y las víctimas de la guerra. Las ONG advierten que puede producirse una catástrofe humanitaria, que amenaza con agudizar el sufrimiento de la gente de esta región.

También para las distintas agencias de la ONU, la decisión es catastrófica. Organizaciones como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) transportan la ayuda hasta el país, pero el "último eslabón", el reparto en los campamentos de refugiados o en los pueblos afectados por el conflicto, lo llevan a cabo las ONGs.

"Muchos de nuestras organizaciones asociadas, que en total suministran ayuda a 1,1 millones de personas, se han visto afectadas por la medida", dijo el portavoz del PMA Peter Smerdon en Nairobi. "Las agencias de la ONU no tienen capacidad para llevar a cabo esta tarea", añadió. Y esto tendrá consecuencias también en el suministro a los 5.500 niños gravemente infraalimentados, pues ya no estará garantizado. "Sin duda, el impacto en Darfur será duro", advirtió Smerdon.

"No es más que un acto de represalia contra millones de personas en Darfur", subrayó Georgette Gagnon, directora de Human Richts Watch para África. "No es el momento de juegos políticos. Millones de vidas humanas están en peligro", advirtió también Twanda Hondora, del programa africano de Amnistía Internacional. "La población de Darfur, que lleva seis años sufriendo el conflicto, se ve ahora castigada por su propio gobierno debido a la orden de detención".

En Darfur, donde la mayoritaria población negroafricana está expuesta a los ataques de milicias árabes y los bombardeos de las tropas del gobierno contra objetivos civiles e instituciones humanitarias, han muerto más de 300.000 personas en los últimos seis años. Desde hace varios, 2,7 millones de habitantes de Darfur viven en campamentos para refugiados gracias únicamente a la ayuda internacional.