ME encuentro con mi amigo Francisco Ferraro, al que felicito por su excelente artículo La instrucción de la juez Alaya (Grupo Joly, 16/4/14), con la salvedad, le digo, de que creo puede llevar a equívoco la afirmación de que serán muy pocos los políticos condenados penalmente, pues los responsables públicos imputados no lo son en su mayoría por enriquecerse. Me dice que la tesis principal del artículo es que se han puesto de manifiesto los graves problemas de funcionamiento de la Administración autonómica, y me aconseja que lo relea. Lo hago, y entonces me percato de que la inquietud que me había dejado la primera lectura emanaba precisamente de aquí, de que pueda concluirse que la causa del problema esté en el funcionamiento administrativo, cuando probablemente esto no sea causa sino efecto, o mero instrumento provocado. La concurrencia como imputados de sindicalistas, ayuntamientos, empresas, políticos, funcionarios, compañías de seguro, despachos de abogados y una diversidad de ciudadanos particulares, apunta a un entramado delictivo con amplias y profundas raíces sociales, que no cabe imaginar se haya desarrollado sin cabeza directiva y sin unas particulares características sociológicas.

Cuando se trata de delincuencia organizada la verdad judicial está tan condicionada por las formas, procedimientos y garantías del estado de derecho que no cabe más que asumir que siempre será parcial, provisional y muchas veces falsa. Todo el mundo conoce el caso de Al Capone. Acercarse a la verdad real requiere de una visión omnicomprensiva, que sólo se encuentra en la novela o en el cine. Escritores como Di Roberto, Sciacia, Lampedusa, Puzo, Lehane o Winslow han sido capaces de diseccionar el entramado de circunstancias, agentes y complicidades del crimen organizado en Sicilia y América, y explicar su arraigo social e influencia política. Andalucía es tierra de fábula, copla o poesía, pero no de novela. Sin embargo, cuenta con una obra magna que, entre testimonios, informes oficiales y relatos novelados, cumple la función de una gran novela de investigación social. Se trata de los diez volúmenes de El bandolerismo: estudio social y memorias históricas, publicado por Julián Zugasti entre 1876 y 1880.

En el último tercio del siglo XIX, en el espacio entre Córdoba, Málaga, Sevilla y Gibraltar, mandaban los bandoleros. En los pueblos eran héroes, los alcaldes les rendían pleitesía, frecuentaban las casas de los caciques y la Guardia Civil los evitaba, al disponer de armamento y caballería superior a la suya. En tales circunstancias, el gobierno surgido de la revolución de 1868 nombró a Zugasti gobernador de Córdoba con poderes especiales. Con la inestimable ayuda de su amigo Adeodato Altamirano, juez de Rute, y de un grupo de guardias civiles de confianza, desarrolló una intensa actividad. Y de inmediato se desató una campaña de deslegitimación política y personal en los periódicos, en los casinos y en el Congreso de los Diputados, donde el mismo Cánovas del Castillo acariciaba la idea romántica del bandolero benefactor que quita dinero a los ricos para entregárselo a los pobres. Se le acusó de atentar contra la honorabilidad de personas respetables, ricos propietarios, alcaldes, sacerdotes, jueces y congresistas, al investigarlos y citarlos para que declarasen; de prevaricar al derivar a Rute a detenidos en otras circunscripciones, e incluso de asesinato, al aplicar con manga ancha la ley de fugas. Además de insultar a Andalucía por exagerar el problema. Lo difamaron de inmoral, borracho y ateo.

Acosado por los poderes fácticos, apenas duró tres años en el cargo, tiempo en que resolvió asesinatos y liberó secuestrados, pero poco progresó en la imputación de los verdaderos capos. Fue tras su cese, con la publicación de su obra, cuando dio a conocer la verdadera esencia criminal del bandolerismo, su relación con la política y conexiones sociales.

En los últimos dos siglos España ha tenido dos experiencias democráticas duraderas y estables: la Restauración y la actual de la Constitución de 1978. En ambas, al calor del poder político, en Andalucía se ha asentado una clase dominante de características caciquiles, con el común denominador de desarrollar una delincuencia organizada ligada al poder político que un juez y un grupo de guardias civiles pretendieron desmontar. La experiencia dice que por más voluntarioso y efectivo que sea su esfuerzo, la verdad judicial no pasará de la punta del iceberg del entramado delictivo, y que sólo serán condenados unos pocos soldados de la organización (los "cuatro golfos") y quizá algún mando intermedio. Los responsables políticos saldrán indemnes, los padrinos quedarán innombrados y la organización presta para adaptarse a nuevas circunstancias. Y el escándalo se olvidará. A no ser que alguien con capacidad y arte se sirva de la ingente información acumulada en el sumario para escribir una gran novela, o un sucedáneo de ésta, como el libro de Zugasti, que nos acerque a la compleja realidad del fenómeno que bien se puede designar como el nuevo bandolerismo andaluz.