LA noticia de que la Policía está investigando las presuntas irregularidades cometidas en la concesión y utilización de las subvenciones a la formación de parados ha generado un escándalo político tras haberse apaciguado por el momento la crisis del gobierno de coalición en la Junta de Andalucía. El caso, amplificado y exagerado a nivel nacional por influyentes enemigos del experimento PSOE-IU en esta comunidad autónoma, a la que pretenden vincular de modo sistemático con la corrupción, no deja de ser grave en sí mismo. Aunque las empresas investigadas y los cursos subvencionados con anomalías de procedimiento o mecanismos clientelares representan un porcentaje escaso en relación con toda la política de formación para los desempleados andaluces, una Andalucía que todavía padece la instrucción del caso de los ERE no está en condiciones de tener que soportar que una parte de los fondos públicos que destina a formar a personas en situación de desempleo –en última instancia, a capacitarlas para que puedan trabajar en el futuro– sea desviada a bolsillos particulares que los malversan en la medida en que no cumplen la finalidad que la ley les asigna, y en algunos casos ni siquiera imparten los cursos por los que cobran. En este sentido merece destacarse la decisión de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de fiscalizar todas las ayudas otorgadas a las empresas del sector desde 2007, labor en la que ya se están inspeccionando alrededor de quinientos expedientes y se ha exigido la devolución del dinero recibido en varias decenas de casos. No obstante, esa misma medida, decretada por Díaz al poco de tomar posesión hace siete meses, y difundida ayer, viene a revelar la propia gravedad del asunto. Lo que se pone de relieve es que durante años el Gobierno andaluz ha ido concediendo tales ayudas sin atender estrictamente a los criterios objetivos que toda política de financiación pública requiere y, sobre todo, sin desplegar los mecanismos de control que la aplicación de dichos fondos exige por parte de una Administración pública. En definitiva, Susana Díaz actúa correctamente al ordenar esta vigilancia a posteriori, pero desvela que ha fallado la vigilancia de la Junta sobre el destino de sus ayudas en el momento en que fueron prestadas. Con la dimensión que finalmente se dilucide, mayor o menor, el caso de las subvenciones irregulares a la formación es de indudable gravedad y afecta negativamente a la imagen de Andalucía, dando pábulo a los que están empeñados en asociar a nuestra comunidad autónoma con el fraude y las corruptelas. Los hechos habrán de demostrar que este escándalo es cosa del pasado. Hay que hacer borrón y cuenta nueva. Como en otros aspectos de la realidad andaluza.