LA publicación de las cuentas públicas territorializadas, comúnmente conocidas como balanzas fiscales, que difundió ayer el Ministerio de Hacienda, no ha causado ninguna sorpresa. Los expertos han concluido, usando la metodología carga-beneficio de cada comunidad autónoma, que las comunidades ricas tienen una balanza negativa y las más pobres un saldo positivo. Una obviedad que sólo registra la llamativa excepción de los territorios forales, cuyos derechos históricos recogidos en la Constitución, les atribuye una financiación privilegiada y hace que, siendo dos regiones prósperas (Navarra y País Vasco) su saldo sea positivo, es decir, reciban del Estado más de lo que aportan. Esa misma obviedad refleja que Madrid, con mucha diferencia, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares presenten un déficit fiscal en sus relaciones con el Estado español, mientras que Andalucía, Canarias y Castilla y León presentan los mayores saldos favorables en su conjunto, si bien con el criterio de ingresos por habitante hay seis comunidades más favorecidas, empezando por Extremadura y las ciudades de Ceuta y Melilla. Como elemento de conocimiento de la realidad del Estado de las autonomías, las balanzas fiscales no pueden ser objeto de objeciones serias, salvo la cautela de que según los criterios y métodos de análisis empleados los resultados varían y sirven para reforzar los intereses enfrentados. De hecho, su difusión ha sido una de las exigencias de la Generalitat para sustentar su discurso de agravio y supuesto maltrato, y también ayer las comunidades de Madrid y Valencia se han apresurado a utilizar las balanzas fiscales para exigir cambios en el sistema de financiación autonómica, con la intención, claro está, de reducir su contribución. En este contexto cobra sentido y significación el pronunciamiento de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que encuentra negativa la publicación de las balanzas en una coyuntura en la que sólo pueden provocar confrontación entre comunidades, agravios y colisiones, cuando lo que el país necesita es más diálogo y entendimiento. El uso de las balanzas fiscales en la actual disputa política es contraproducente y no debe aceptarse en las necesarias negociaciones para articular un nuevo sistema de financiación autonómica que consagre los principios de igualdad y solidaridad. La razón de fondo es que no son los territorios en sí mismos los que colectivamente aportan al estado y reciben de él bienes y servicios, sino los ciudadanos y las empresas ubicados en cada uno de ellos en función, lógicamente, de sus ingresos, actividades, rendimientos y retribuciones. Ninguna balanza puede eludir esto.