LA confesión de Jordi Pujol inculpándose como defraudador fiscal durante 34 años, 23 de ellos siendo presidente de la Generalitat, no va a conseguir el doble efecto buscado: exonerar a sus hijos de las gravísimas imputaciones penales que pesan sobre varios de ellos, demostrativas de que no sólo se beneficiaron de la no declaración de la herencia de su abuelo, sino que organizaron multimillonarios negocios ilícitos a la sombra de la Generalitat que presidía su padre, y eximir a su partido, a su heredero político (Artur Mas) y al proyecto independentista mismo en el que se ha embarcado el nacionalismo en otro tiempo moderado. Las consecuencias políticas de este caso, en efecto, son incontestables y duraderas. Mientras las actuaciones judiciales y policiales en torno a la familia Pujol continúan y se aceleran, el partido pujolista, Convergència Democràtica de Catalunya, no ha tenido más remedio que despojar al ex presidente de los privilegios de que disfrutaba por su antigua condición, incluyendo oficina y personal de apoyo, coche oficial y emolumentos superiores a los 86.000 euros anuales, cantidad que excede la que perciben los ex presidentes de España e incluso el actual. También le han privado de su cargo de presidente honorífico del partido que él fundó y construyó a su imagen y semejanza. Ahora se ve que también lo hizo a su interés, puesto que lo más destacado de este drama catalán es la implantación de un sistema generalizado de tráfico de influencias en provecho de una familia. Mucho se ha denunciado, con razón, la corrupción política que se ha producido en el seno de la Junta de Andalucía a cuenta de los ERE y de los fondos de formación, una trama muy grave que cuenta ya con doscientos imputados, entre ellos numerosos altos cargos socialistas, pero el escándalo de la Generalitat y de los nacionalistas catalanes es de una envergadura y dimensión mayor, en la medida en que afecta de manera directa a la persona que ha encarnado durante más de dos décadas el espíritu y los deseos identitarios del pueblo de Cataluña, que ha sido el primer engañado y defraudado por Jordi Pujol y familia. Es una quimera que Artur Mas, el heredero de Pujol, pretenda circunscribir el caso a un problema personal del que todavía es llamado Muy Honorable Presidente, cuando era vox pópuli la práctica de corrupción institucionalizada asentada en la Generalitat. Todos los grupos del Parlamento catalán, incluidos los aliados separatistas de ERC en el proyecto soberanista, han exigido que Jordi Pujol comparezca en la Cámara y ofrezca las explicaciones que no ha dado en la confesión incompleta y preventiva de males mayores que realizó el pasado viernes.