NO es la primera vez que Alberto Ruiz-Gallardón amaga con dimitir de un cargo cuando el partido en el que milita no satisface su ambición ilimitada o no comparte sus proyectos políticos más queridos. Entendámonos: amaga a la manera Ruiz-Gallardón, o sea, filtrando que no descarta la posibilidad de dimitir y, cuando los periodistas le preguntan, negándose a declarar y esperando que la piedra lanzada surta el efecto buscado. Que no es otro que seguir en el cargo, cueste lo que cueste.

Ahora su reflexión predimisionaria se centra en la reforma del aborto, destinada a acabar con la ley de plazos, en la que es la mujer la que decide sobre la interrupción de su embarazo, y volver a la ley de los supuestos, en la que el aborto sólo es legal en determinadas, y muy precisas, circunstancias. La primera, en vigor, considera el aborto un derecho de la mujer. La otra, la que promueve Ruiz-Gallardón, lo concibe como un mal, solamente admisible en ciertos casos. Una prioriza la voluntad de la embarazada, y otra, el interés del no nacido.

Se trata de una cuestión extraordinariamente delicada en la medida en que se enfrentan concepciones y convicciones contradictorias e irreconciliables. A decir verdad, el ministro de Justicia ha cumplido con su proyecto el encargo de Mariano Rajoy y ha puesto en marcha un compromiso que figura en el programa electoral con el que el PP accedió al poder en 2011.

Pero hete aquí que Rajoy ha sido alertado por su sociólogo de cabecera, Pedro Arriola, de que la ley de plazos ha sido socialmente aceptada, como en la mayoría de los países de nuestro entorno, y que una vuelta a la ley de supuestos, aunque exigida por una minoría muy activa, desagradaría a un amplio sector de votantes del centroderecha y sería rechazada, ya lo es, por numerosos dirigentes del propio PP. ¿Fidelidad al programa electoral a costa de perder votos o mantenimiento del poder a costa de incumplir, como en otros lances, el programa? Ese es el dilema que lleva meses planteándose Rajoy.

Sabiendo qué resortes mueven a los partidos gobernantes, lo más probable es que el presidente -cuya máxima pulsión ideológica es el pragmatismo que difumina la ideología- le haga caso a Arriola y le dé unas cuantas vueltas más a la reforma del aborto: las suficientes para aplazarla. Aunque indigne a los activos grupos provida y a los obispos. Y a sabiendas de que Alberto Ruiz-Gallardón no dimitirá jamás.