CON la intervención, por la mañana, de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se inicia hoy en el Parlamento el Debate sobre el estado de la Comunidad. Es el primero que debe afrontar Díaz al cumplirse el aniversario de su elección como presidenta. Las alocuciones, por la tarde, de los portavoces de los otros dos grupos parlamentarios, PP e IU, centrarán el debate propiamente dicho. Es de esperar que en esta ocasión los tres grupos parlamentarios se despojen de sus hábitos descalificatorios y que la defensa de las legítimas posiciones enfrentadas se pueda compatibilizar con la presentación de alternativas solventes a los distintos problemas que aquejan a Andalucía. Este debería ser el objetivo fundamental de la sesión plenaria de carácter extraordinario que acogerá durante dos días la sede del Parlamento autonómico, que es el ámbito supremo de la representación de los ciudadanos andaluces. Precisamente la víspera de este acontecimiento político ha venido marcada por la difusión por parte del Partido Popular de una propuesta de reforma fiscal encaminada a rebajar parcialmente los impuestos que son competencia de la comunidad autónoma, una iniciativa que quizás debería haber sido presentada en la propia Cámara y no como parte de una ofensiva preelectoral del partido de la oposición. La iniciativa pretende en resumidas cuentas aliviar la presión fiscal que soportan los andaluces de las clases medias y bajas, que es una de las más elevadas de las autonomías españolas. El ahorro pretendido se calcula en 200 millones de euros y se conseguiría, según los proponentes, reduciendo dos puntos en los cuatro primeros tramos autonómicos del IRPF, incorporando deducciones a los contribuyentes por estudios de inglés, material escolar y gastos médicos e implantando rebajas en el impuesto de sucesiones y donaciones hasta su supresión, como otras comunidades autónomas, en un plazo de cuatro años. Como todas las reformas fiscales, sobre ésta planea el problema de la caída de ingresos que su puesta en marcha produciría en la Hacienda regional, sólo compensable con una disminución de los gastos que no debe afectar a los servicios básicos que presta la Junta de Andalucía. En todo caso, el proyecto del PP se orienta en la dirección que hemos comentado: la presentación de alternativas a los problemas existentes y a las políticas ya practicadas, que se han revelado insuficientes para combatir las carencias de la comunidad autónoma y sacarla de la postración económica que atraviesa. Para contrastar estas y otras propuestas y no para el insulto y la descalificación mutuas es para lo que debería servir el Debate sobre el estado de la Comunidad.