DURANTE estos últimos días, la atención informativa ha estado centrada en la crisis del ébola, las tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia y, por supuesto, la cantada de Mas, sustituyendo el referéndum ilegal por una confusa consulta participativa, con la que piensa que puede salvar el tipo de cara a una elecciones anticipadas, con permiso de Junqueras. Tan ocupados nos ha tenido esto que parece que no hemos puesto mucho interés en el seguimiento de lo que está ocurriendo en Andalucía, donde tenemos pocas noticias, oficiales o extraoficiales, de lo que pasa con la negociación del presupuesto entre los socios de gobierno.

Por ejemplo, no sabemos si se han resuelto, o no, las imprecisiones y contradicciones sobre la definición de ese futuro banco público o el reparto y adjudicación de fondos a las consejerías que controla IU. Con todo, parece que las posibles diferencias, que tiene que haberlas, no van a impedir el pacto presupuestario. O sea, que surtió efecto la amable advertencia de la presidenta de la Junta, en el sentido de que, si no había acuerdo, decidirían los andaluces, en elecciones, claro está, no en consulta participativa. No fue una amenaza, claro, pero ha tenido consecuencias disuasorias.

Sin embargo, hay otros temas, además de ese muy posible pacto, que permiten intuir que las relaciones entre el bipartito no atraviesan su mejor momento. Así, tenemos esa acusación de cobardía que IU le ha hecho al PSOE, por haber aceptado los criterios jurídicos del Parlamento sobe la imposibilidad de recurrir, a estas alturas, la Ley Hipotecaria, para anular las inmatriculaciones efectuadas por la Iglesia sobre la Mezquita y otros lugares públicos de Córdoba.

Por supuesto está el asunto, bastante más delicado, pero a más largo plazo en cuanto a su resolución, que es la manifiesta predisposición de IU a concurrir a las próximas elecciones municipales dentro de la marca blanca de Podemos, es decir, Ganemos. Esto, que daría lugar a una curiosa campaña de descalificaciones entre socios y, dependiendo de los resultados electorales, que podría producir un profundo cambio en el actual mapa del municipalismo, haría difícil la convivencia, en el mismo Ejecutivo regional, de adversarios en lo local. En resumen, que, aunque aquí no se hable de guerra, tampoco hay tregua.