EL  juez de instrucción número 9 de Sevilla, Juan J. Vélez García, ha citado a declarar en noviembre a los dos últimos secretarios generales de la Unión General de Trabajadores de Andalucía antes de la actual dirigente, Carmen Castilla, que tuvo que sustituirles precisamente por las investigaciones que se estaban produciendo sobre la actuación de ambos. Manuel Pastrana, que estuvo al frente de la central sindical durante 15 años, y Francisco Fernández Sevilla, su número dos y posteriormente su heredero en el mando durante unos meses –dimitió tras estallar el escándalo–, deberán acudir ante el juez en calidad de imputados por un presunto delito de fraude en la utilización de subvenciones públicas y la elaboración de facturas falsas. El juez instructor, que atiende así la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción el pasado 6 de octubre, señala a los dos líderes como “titulares a la fecha de los hechos de la máxima representación y poder en el sindicato” y, en consecuencia, como conocedores de las presuntas ilegalidades cometidas y agentes activos y protagonistas de las decisiones que se adoptaron para la financiación irregular de UGT-Andalucía. Esta financiación ilícita, que el juez estima derivada de las investigaciones y declaraciones de las 16 personas detenidas en junio en relación con la trama, se habría producido a través de los “rapels” (porcentaje que los proveedores de la central añadían al valor real de las compras efectuadas por UGT y que se ocultaba a la Administración, repartiéndose entre las estructuras regional y las provinciales) y del “bote” (elaboración de facturas falsas que, sin responder a realidad o negocio jurídico alguno, pasaban a engrosar las cuentas del sindicato). La conclusión del juez en su auto es rotunda y dramática: la actividad ordinaria de UGT-A se sufragaba “con fondos que realmente eran procedentes de subvenciones –de la Junta de Andalucía– destinadas a fondos de formación”. Esta desviación, durante años, del dinero dedicado teóricamente por las autoridades autonómicas a promover el empleo mediante cursos de formación a los trabajadores y usado en realidad para el propio funcionamiento del sindicato, sus liberados, congresos, convocatorias de huelgas y manifestaciones, es de una gravedad tal que ha llevado a una de las principales organizaciones sociales de Andalucía a una situación de crisis y deslegitimación de la que tardará años en recuperarse, si es que se recupera. Pastrana y Fernández Sevilla tendrán que dar cuenta de su gestión al respecto. No sólo ocurrió durante su mandato, sino que ambos fueron inspiradores y ejecutores de un plan de apropiación de fondos presuntamente delictivo.