LA presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, dijo ayer en un foro nacional que frente a la corrupción ya no basta con pedir perdón ni firmar pactos porque los ciudadanos exigen hechos concretos y enérgicos. No deja de tener razón porque la gente ha perdido su confianza en la palabra de los políticos y lo único que espera es que se tomen medidas contra los corruptos. A esta desconfianza contribuyen notablemente actitudes como la de todos los grupos parlamentarios ayer, en el Congreso de los Diputados, cuando un debate destinado a informar sobre la última cumbre europea se transformó en un intercambio de reproches y acusaciones expresivas, una vez más, de la doble moral que los partidos esgrimen en materia de corrupción: denunciar a los corruptos surgidos en las filas del adversario y hacer la vista gorda sobre los propios. Es un camino que, pese a ser transitado continuamente, no conduce a ninguna parte que interese a los españoles. Porque es lo que interesa a los españoles, abrumados por el goteo incesante de detenciones, registros y actuaciones judiciales contra cargos públicos y otros protagonistas de la vida política afanados en el aprovechamiento ilícito de los puestos de responsabilidad a los que han sido encumbrados. No hay solución al encenegamiento de la política mientras subsista esa doble vara de medir y mientras cada formación política, en el gobierno o en la oposición, no depure firmemente la suciedad que se ampara bajo sus siglas. No es un mal instrumento para traducir la voluntad política en hechos reales la negociación de un pacto anticorrupción entre todas las fuerzas parlamentarias, como el que se venía consensuando entre PP y PSOE y que este último partido acaba de romper por estimar que los últimos escándalos de los populares hacen imposible aceptarlos como legítimos interlocutores. Es un error. No sería difícil que socialistas y populares, y otros partidos significativos del arco parlamentario, llegaran a pactar una serie de medidas de obligado cumplimiento encaminadas a frenar la corrupción: suspensión de los militantes incursos en procesos por corruptelas, agravamiento de las penas por los diversos tipos delictivos contra los bienes públicos, prohibición de indultos, control de las finanzas de los partidos y del patrimonio de los cargos públicos, entre otras. Pero ya advertimos de antemano de que ninguna medida producirá el efecto de limpieza moral y política buscado si no va acompañada de la decisión firme de quienes la aprueben y avalen en forma de leyes de garantizar su estricto cumplimiento en toda circunstancia y con todos los afectados. Empezando por aquellos que militan en las filas propias.