SE mire como se mire, va a ser imposible que el escándalo sobre el uso de las tarjetas de pago de la Universidad de Cádiz -porque es un escándalo- por el anterior equipo rector quede zanjado con la explicación que hasta ahora ha dado el nuevo equipo: que todos los gastos han sido auditados y su justificación consta en la contabilidad de la institución.

Hombre, sería mucho más grave que no hubiera registro contable de los pagos cargados a la UCA. Estaríamos hablando de dinero negro y de un auténtico saqueo de fondos públicos como botín, al modo de las tarjetas visa de Bankia de Rato, Blesa y compañía. En el caso gaditano, se conoce al detalle -hasta al detalle más grotesco- qué responsable, del rector para abajo, hizo cada gasto y respondiendo a qué concepto.

Pero eso no quiere decir que los pagos, por importe de 380.000 euros en cinco años, estuvieran justificados. Lo estarían si se hubieran empleado exclusivamente en sufragar actividades relacionadas con el trabajo del rector, los vicerrectores y directores de áreas. Precisamente el detallismo de la documentación conseguida por mis compañeros de Diario de Cádiz impide certificar la pretendida corrección en el uso de dichos fondos. ¿Cómo va a ser correcto pagar con la visa que tienes en razón de tu cargo comidas y copas consumidas durante los fines de semana? ¿Es aceptable cargarle a la Universidad 700 euros en pasteles como si una UCA sometida a recortes y sin dinero para renovar contratos de profesores se dedicara a organizar merendolas? ¿Hacía falta de verdad desplazarse a otras ciudades en taxis, contratados para toda la jornada, desechando la posibilidad de viajar en transporte público o en coche particular? ¿Era estrictamente necesario ayudar al sector de la hostelería gastando por sistema en los establecimientos de más postín?

Estas, y otras, preguntas requieren contestación puntual y precisa. Entre otras cosas, para no meter a todos los directivos en el mismo saco. Los gastos que respondan a necesidades institucionales de quienes los hicieron deben ser convalidados y puestos fuera de sospecha. Los que no puedan ser justificados por derivarse del abuso y del aprovechamiento particular, deben rechazarse tajantemente... y ser devueltos por sus beneficiarios. Sin ampararse en que han sido auditados o no han vulnerado la legalidad vigente.

La Junta, que financia las universidades, está obligada a aclarar el escándalo.