Entre los días 15 a 18 de diciembre de 2014 Diario de Cádiz y otras cabeceras del Grupo Joly, ediciones impresa y digital, publicaron determinada información relativa al uso de tarjetas Visa por mí y otros miembros del equipo rectoral durante mi etapa de rector de la Universidad de Cádiz en el periodo 2007/2011, con titulares que negaban el control y la finalidad institucional de dicho uso y perjudicaban a los afectados y a la propia imagen institucional de la UCA.

La información, basada en documentos enviados a los medios de prensa de forma incompleta y presentada fuera de contexto, provocó gran alarma social con repercusión nacional, por lo que, transcurrido un tiempo prudencial desde su publicación, entiendo necesaria una reflexión crítica acerca del momento en que dicha documentación fue entregada a la prensa, las motivaciones del suministrador de dicha información y la oportunidad en el tiempo del escándalo producido, así como de las consecuencias personales y profesionales para el grupo concreto de afectados, e incluso acerca del sentido y finalidad última de la investigación interna acordada por la UCA, en un bucle digno de estudio, a partir de noticias de prensa que se basaban en su propia información y documentación.

Las noticias se basaban únicamente en los extractos bancarios suministrados al medio, sin acompañamiento de las facturas correspondientes ni de los documentos justificativos del gasto, provocando una falsa apariencia de arbitrariedad en el uso de las tarjetas. Además, la información atribuyó exclusivamente al periodo 2007/2011 gastos en restaurantes que realmente se habían realizado en los ejercicios 2003 a 2011 y, alguno de ellos, (el del grupo el Faro) hasta diciembre de 2012, por lo que los supuestos 162.019 euros plasmados en la información publicada el 17 de diciembre, además de estar legalmente controlados y justificados, correspondían a actividades propias del rectorado, los vicerrectorados, direcciones generales y unidades centralizadas, realizadas durante casi diez años y parte de cuatro mandatos rectorales, no a mi etapa de rector 2007/11.

La información que sirvió de base a la noticia resultaba, en cualquier caso, incompleta y perjudicial para la imagen de la Institución en un momento social muy delicado, ocasionando además irreparables daños a nivel personal, familiar y profesional, toda vez que parecía deducirse que los miembros del Equipo de Gobierno de la UCA en el periodo 2007-2011 podíamos actuar con total impunidad en los gastos de las tarjetas, sin controles dentro por la Universidad de Cádiz.

Es por lo que, en primer lugar, puntualizo que el pago con tarjetas corporativas fue usual en la década anterior en gran parte de universidades públicas por sus ventajas en cuanto a agilidad y ahorro de costes, debiendo, como cualesquiera otros gastos, estar sometido a procedimientos de control. Los tipos de tarjeta en ese periodo eran los mismos que los de los anteriores ex Rectores y Gerentes, al menos desde el año 1999, por lo que el sistema de tarjetas no fue implantado en mi época de rector. Asimismo, los restantes miembros del equipo de gobierno, en los que el rector tiene competencias delegadas, disponían de tarjetas, igualmente desde julio de 1999, con la finalidad, básicamente, de atender fundamentalmente gastos de representación o de viaje.

La UCA contaba y cuenta con un riguroso procedimiento de control de los gastos de las tarjetas VISA, habiendo sido aprobadas y auditadas sus cuentas tanto interna como externamente por auditores independientes y por la Cámara de Cuentas sin reparo alguno. Por lo que las tarjetas no eran "sobresueldos" ni se destinaban a "gastos personales" o están "fuera del control de la UCA", utilizándose según la normativa y el procedimiento de control establecido, como queda reflejado en el informe de auditoría encomendado por el Consejo Social de la UCA a petición del profesor Penagos García cuyo contenido conocí precisamente por el Diario de Cádiz en su edición del pasado jueves 18 de diciembre.

En lo que a mí respecta, jamás he utilizado dicho instrumento de pago para un uso personal, sino para el estrictamente derivado de mi cargo, y nunca al margen del procedimiento legal, que incluía la conciliación por Tesorería de los cargos con los correspondientes justificantes (ticket, factura) e impresos de motivación del gasto, además de los correspondientes controles, sin que en ningún momento me fuera comunicada incidencia alguna respecto del uso de dicha tarjeta, siendo los pagos en todo momento relacionados única y exclusivamente para la atención de los relacionados con mi cargo, tanto protocolarios como de gestión y representación.

Estimo que es de sobra conocida por la información facilitada en las sesiones de órganos de gobierno, comisiones y reuniones internas de trabajo, la intensa y fructífera actividad desarrollada por el Equipo de Gobierno de la Universidad durante los años que desempeñé el cargo, según se plasmó con todo detalle en todas las sesiones de consejo de Gobierno y del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, y que los resultados de dicha actividad, de extraordinaria relevancia, han sido presentados al Claustro, cuyas memorias, acreditadas como Memoria de Responsabilidad Social mediante el Global Initiative Reports, memorias y cuentas anuales auditadas internamente y iario por auditores externos y por la Cámara de Cuentas, han merecido su aprobación todos los años, pudiéndose observar sus hitos más destacados tanto en las mismas como en el resumen global de mi gestión y la de mi equipo durante los años en que he tenido el honor de representar y dirigir la Universidad de Cádiz que figuran en la web de la Universidad de Cádiz.