Asemejanza de lo que está ocurriendo con la economía, que se encuentra en una fase de recuperación aunque no hayamos salido de la crisis, en el ámbito de lo político existen indicios que apuntan a que España puede superar a medio plazo la profunda crisis institucional, cuyas manifestaciones más notables son la desafección hacia las instituciones públicas, la desconfianza en los políticos y la intensidad de la corrupción. Entre estos indicios se debe destacar, en primer lugar, la generalizada conciencia sobre la imperfección de nuestro sistema institucional y el debilitamiento de la complicidad social con las prácticas corruptas. En segundo lugar, el surgimiento de nuevos partidos políticos que colocan en el frontispicio de sus programas la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. Y, en tercer lugar, que los partidos tradicionales también compiten con propuestas contra la corrupción y por la regeneración democrática.

Según las previsiones demoscópicas, las elecciones que se celebran hoy ofrecerán resultados bien distintos a las anteriores elecciones autonómicas y municipales, con un escenario político más fragmentado, en el que jugarán un papel significativo algunos partidos que no existían hace cuatro años o que eran irrelevantes. Pero la emergencia de nuevos partidos y la fragmentación electoral generan preocupación en parte de la ciudadanía y de los analistas políticos por la desconfianza en los emergentes y por la posible ingobernabilidad de las instituciones. Sin embargo, creo que ambos fenómenos pueden ser sanos y estimulantes para la mejora del sistema democrático. Por una parte, porque la emergencia de nuevos partidos responde a una demanda social, y porque la madurez democrática de este país impedirá aventuras populistas. Por otra parte, porque la fragmentación y ausencia de mayorías absolutas en buena parte de las instituciones es una oportunidad para que se desarrolle una nueva forma de hacer política en la que el consenso y la colaboración sean prácticas habituales entre nuestros representantes, como lo es en muchos ámbitos de actividad de la sociedad a la que representan, en los que la competencia no está reñida con la colaboración.

El bipartidismo imperfecto que hasta ahora ha sido la fórmula dominante de representación política tiene múltiples inconvenientes. En primer lugar, porque es un oligopolio político que impone barreras de entrada y otras prácticas restrictivas de la competencia, modelo que no deseamos en el ámbito económico porque la limitación de la competencia genera ineficiencias, dominio del mercado y escaso estímulo a la innovación. Por ello, cuando en determinados mercados (distribución eléctrica, carburantes, telecomunicaciones,…) razones técnicas determinan la concentración de la oferta se establecen órganos reguladores independientes para supervisar su funcionamiento y evitar los abusos de posición, pero en el caso de los partidos políticos, los reguladores dependen de los mismos partidos mayoritarios. En segundo lugar, porque el bipartidismo se enquista en dos opciones, que además se exageran maniqueamente para concitar adhesiones y rechazos, lo que ha impedido en España la imprescindible colaboración entre los grandes partidos para realizar reformas estructurales desde la Transición, y cuya ausencia ha determinado la crisis institucional y la mayor profundidad y duración de la crisis económica. En tercer lugar, porque la gobernanza en el bipartidismo imperfecto se ha venido logrando con el apoyo de partidos nacionalistas al partido más votado cuando ninguno de los dos grandes partidos alcanzaban la mayoría absoluta, lo que ha obligado a concesiones a determinados territorios en detrimento del resto de España.

En el nuevo escenario los políticos tendrán que aplicarse el axioma de que "la política es el arte de lo posible", por lo que si no tienen mayoría para gobernar, tendrán que hacerlo en coalición o con acuerdos programáticos o puntuales con otras fuerzas políticas, lo que facilitará que el debate político pase de las descalificaciones globales a la discusión de ideas y programas. Un beneficio adicional de los gobiernos que requieren colaboración de otras fuerzas políticas es que disminuirá la probabilidad de que se produzcan casos de corrupción, ya que los socios coaligados estarán más interesados en controlarla con información más rápida y cercana.

A pesar de las potenciales ventajas del nuevo escenario político no está asegurado el mejor funcionamiento de las instituciones democráticas. Para fortalecerlas sería conveniente una reforma del sistema electoral que permita votar a personas en lugar de a listas confeccionadas por los aparatos de los partidos y, en otro orden de cosas, que la sociedad valore como razonables y enriquecedoras las coaliciones y las colaboraciones entre las fuerzas políticas.