HECHA la ley, hecha la trampa. El cine español tampoco ha escapado, es más, parece reunir las condiciones ambientales propicias (movimiento de grandes sumas de dinero, poca transparencia y vigilancia en los procesos), a esa picaresca tan nuestra que consiste en situarse en los márgenes de la legalidad en beneficio propio.

Presupuestos inflados, coproducciones sospechosas (¡Fast & Furious 6 fue oficialmente una película española!), operaciones fraudulentas destinadas a la obtención de subvenciones o, como sucedía durante el franquismo, búsqueda de determinadas calificaciones (como aquella del "interés nacional") que proporcionaban a los productores licencias para poder distribuir en nuestro país películas norteamericanas, las que verdaderamente daban dinero, han estado y están a la orden del día a poco que se rasgue e investigue. Porque las cifras no cuadran y las cuentas no salen.

Una de las prácticas más frecuentes ha sido la que se conoce como "comprar taquilla": el productor, en estrecha connivencia con el exhibidor de turno, acuerda una cantidad que cubra la existencia de un número de entradas vendidas en sus salas, con el fin de ir sumando (falsos) espectadores hasta alcanzar esa cantidad mínima (60.000) que, en la actual normativa de subvenciones, posibilitaba una ayuda a la amortización (general y complementaria) que puede llegar a cubrir hasta un tercio del presupuesto del filme.

La práctica era habitual y sabida desde hace décadas. Quien esto escribe escuchó una vez a un productor indiscreto decir que tenía que llevar una determinada cantidad de dinero a un cine de otra ciudad para garantizarse los números.

Una práctica igualmente opaca parece seguir rigiendo los métodos para obtener nominaciones a los Goya, cuya normativa exige que la película, ya sea de ficción o documental, haya tenido estreno "comercial" en alguna sala y dentro de determinadas fechas. También aquí algunos productores han sabido moverse para obtener una preciada nominación en ese territorio sin vigilancia que permite el sistema.

Lo que destapaba El País este pasado lunes, y que tan sólo habrá escandalizado a quienes no estén dentro del sector, a saber, las investigaciones que se han puesto en marcha desde la Fiscalía de Madrid que han detectado "irregularidades" en el sistema de subvenciones en hasta 40 películas desde 2010, ha sacado a la luz nombres conocidos como los de José Luis Garci, José Frade, Miguel Bardem y Enrique Cerezo (quien, además de producir cine y presidir el Atlético de Madrid, tiene en su poder buena parte del catálogo histórico del cine español), pero también otros más respetados u honorables como los de Enrique González Macho, propietario de Alta Films -empresa hoy quebrada- y hasta hace poco presidente de la Academia, Gerardo Herrero, uno de nuestros productores más prolíficos e internacionales de las últimas décadas, o Luis Miñarro, principal valedor del cine de autor desde nuestro país.

Parece evidente que esta nueva acometida contra el prestigio y las prácticas fraudulentas de nuestro cine responde a un momento de tensión política (especialmente beligerante entre este Gobierno y el sector cinematográfico y cultural en su conjunto) que coincide con el cambio en la ley del cine y la normativa de subvenciones, que pasarán ahora, según el borrador de la Orden Ministerial, a depender más de factores previos y no posteriores al estreno (y la recaudación) del filme, una situación que daba lugar, por ejemplo, a esa aberración que consiste en premiar al caballo triunfador, a los filmes más caros y taquilleros, en detrimento de la que debería ser lógica ayuda a propuestas de mayor interés, riesgo o vuelo creativo cuya existencia no se rige por la taquilla y los actuales modelos impulsados desde las televisiones privadas.

No me leerán nunca acudir al asunto de las subvenciones para desprestigiar o hablar mal del cine español. Sus problemas más graves, o al menos los que a mí me lo parecen, son de otra índole: estéticos, culturales o sociológicos. No haría falta recordar aquí que muchos otros sectores productivos de este país reciben subvenciones y que también engendrarán su propia picaresca. Sin embargo, no es menos cierto que estas prácticas y la falta de transparencia en los procesos relacionados con el uso de dinero público hacen un flaco favor a la ya de por sí depauperada imagen social de nuestro cine industrial.

Por otro lado, mal que le pese a González Macho, tampoco deberíamos sacar tanto pecho por el éxito arrollador de Ocho apellidos catalanes. A ver si nos lo van a partir.