TRAS unos meses desaparecido de las primeras páginas, el caso de los ERE vuelve a marcar la actualidad política de Andalucía y del resto de España, compitiendo en protagonismo con los escándalos del PP en Valencia y en la Comunidad de Madrid. En medio de la situación de bloqueo político que sufre el país desde hace ya tres meses, la corrupción sigue siendo el arma arrojadiza favorita de los políticos para descalificarse y acometer esa escalada del y tú más a la que tan aficionados son. En el caso de los ERE esa vuelta al primer plano ha venido marcada por la comparecencia ante el juez instructor de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y, sobre todo, por la prescripción de más de una docena de ayudas presuntamente irregulares al haber transcurrido más de diez años desde que fueron otorgadas. La presencia de Chaves y Griñán en el juzgado número 6 no sirvió, como era más que previsible, para aclarar aspectos relacionados con la investigación judicial. Ambos se ratificaron en lo ya dicho ante el Tribunal Supremo porque consideran, aconsejados por sus respectivas defensas, que en esa declaración explicaron con detalle los pormenores de su relación con el caso. Todo quedó, por lo tanto, en el espectáculo de ver a toda una época de la Junta de Andalucía y del Partido Socialista desfilar camino del juzgado para regocijo de sus enemigos políticos. Más peliagudo es el caso de las primeras prescripciones, a las que pueden seguir otras muchas en los próximos meses. La Fiscalía Anticorrupción e incluso la Junta de Andalucía, personada como acusación en el proceso, habían advertido en bastantes ocasiones a la anterior instructora, la juez Mercedes Alaya, del peligro de que muchas de las imputaciones quedaran sin efecto por agotamiento del plazo legal antes de que fueran llevadas a juicio. La instrucción del caso, que dura más de cinco años, ha sido, en nuestra opinión, innecesariamente larga y tortuosa. Tanto Alaya como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil alargaron la investigación en un intento, no disimulado, de implicar al mayor número posible de cargos políticos de la Junta y de buscar la conexión entre el dinero público que presuntamente se entregó de forma irregular y una supuesta financiación ilegal del Partido Socialista. Acusar a la nueva juez, María Núñez Bolaños, de ser la responsable de estas prescripciones en base a una supuesta amistad con responsables de la Administración demuestra hasta qué punto está viciado el debate en España sobre este tipo de cuestiones. Ello no obsta para insistir en que la prescripción de posibles delitos demuestra que tenemos una Justicia débil y, por tanto, una democracia que también lo es.