LA contestación irritada, a veces airada, que los empleados de la Administración Pública de la Junta de Andalucía están dando al proceso de reordenación del sector público impulsado por la misma, ha sorprendido a sus responsables que se han visto obligados a reconocer que "en algo nos hemos equivocado" o "decir que todo lo hemos hecho bien sería bastante absurdo". Algo -bastante diría yo- hay de incongruencia reconocida en su planteamiento de reordenación, y de lo cual, y basado en mi propia y larga experiencia vivida en las administraciones central y autonómica me voy a permitir opinar ya que, como ciudadano, me atañe.

Ante todo recordar que la Administración Pública es el instrumento del que se sirve el Gobierno para le ejecución de sus políticas, a la cual dirige, pero que aquélla no es una prolongación del Gobierno. El acceso de los funcionarios a la función pública está regulado por ley, así como las garantías de su imparcialidad en el ejercicio de sus funciones: es la forma de mantener un instrumento tan importante de los estados democráticos al servicio con objetividad del interés general y, por tanto, válido cualquiera que sea el color del gobierno que la dirija. Son principios constitucionales que, a veces, los gobiernos - en este caso la Junta, como se verá - orillan cuando no obran en contraposición.

El proceso de transferencias de competencias de la Administración Central -administrativas y del personal- a la Junta de Andalucía marca el inicio de la estructuración de la administración autonómica a la que se le quiere dotar, según sus dirigentes, de un nuevo carácter -se supone que innovador- que en la práctica consistió en colocar en los puestos directivos a sus afines políticos y clientelares obviando al personal transferido con preparación y experiencia.

La utilización abusiva del procedimiento de la 'libre designación' - procedimiento restringido para los puestos de confianza, según la ley- como forma de promoción de los funcionarios en la estructura administrativa, en lugar de utilizar el 'concurso de méritos' -que es medible y objetivable- como el procedimiento general, ha sido y es una fuente de politización -se promocionan sus afines políticos y clientelares- y de pérdida de eficacia de la administración autonómica.

La eficacia de la administración pública -elemento clave para la ciudadanía que la costea y de la que debe recibir los mejores servicios- es, a su vez, un elemento recurrente utilizado expresamente por los gestores de la Junta - el PSOE- para la creación del entramado de entes, fundaciones, agencias, empresas y servicios públicos - alrededor de 250 empresas y más de 23.000 trabajadores - y que constituyen lo que se ha venido a denominar la 'administración paralela'. Si la administración autonómica no funciona hagamos otra paralela, parece ser su razonamiento. Pero tal razonamiento no es tal, constituye una falacia provechosa para sus gestores: la eficacia de la administración pública es medible y objetivable y corresponde a los órganos establecidos en la misma su medición y valoración de responsabilidades. ¿Por qué no se hace? A falta de respuesta aventuro la mía: porque las responsabilidades recaerían sobre sus gestores, los puestos de la estructura -mayoritariamente sobre los que ocupan puestos de libre designación- lo que les obligaría a su harakiri - perdón, es un símil, quiero decir su destitución- ¡Hasta ahí podríamos llegar!, me dirán. Sería lo responsable, diríamos los ciudadanos.

Hay otro motivo: si se mantiene la actual administración autonómica en estado de deterioro, se justifica la huida hacia delante de la creación de entidades públicas paralelas, 'salvadoras' de lo público, no sujetas a los controles rigurosos de aquélla, entre los que no es el menor orillar, como se ha hecho, el principio de igualdad, capacidad, mérito y publicidad -que rige para los empleados públicos- para el acceso de los interesados a los nuevos puestos: otra vez más asistimos al clientelismo político o sindical a gran escala, y al silencio general de los que debieran haberlo atajado. El gobierno de la Junta ha hecho de la administración autonómica -que es de todos- algo de su propiedad: la ha 'patrimonializado'. También ha tenido otras consecuencias importantes: la duplicidad de funciones y el incremento notable presupuestario por la coexistencia de ambas organizaciones.

A esta situación de existencia de una administración autonómica y de las entidades instrumentales - denominación aséptica de la administración paralela- había que darle una solución, y la Junta lo ha promovido mediante la Ley de Administración -Ley 9/2007- que acoge bajo el paraguas del sector público a ambas, aunque cada una en su ámbito competencial, y, ahora, con el Decreto-Ley 5/2010 de medidas urgentes para la reordenación del sector público y su modificación posterior, da un paso más: la legalización de la fusión de 111 empresas instrumentales en 11 agencias a las que se integran organismos de la administración autonómica: se consagra así la coexistencia en un misma agencia personal con 'potestades públicas' por ley -funcionarios- y los que no las tienen. Se borran así las huellas de su origen y se legitima ante la ciudadanía la nueva Administración Autonómica.