"No podemos justificar lo injustificable". El secretario general del PSOE en Cádiz, Francisco González Pérez, ha marcado las distancias con respecto a la gestión que se está haciendo por parte de la Junta en la Escuela de Hostelería de Cádiz, donde los trabajadores llevan ocho meses sin cobrar y aún no se ha puesto en marcha la oferta formativa para este curso.

Francisco González considera que se debe dar solución al problema de un espacio que "tiene un 97% de inserción laboral y que consideramos que es una escuela de excelencia".

Por ello, más allá de que las siglas del partido que gobierna la Junta de Andalucía sean las mismas que las suyas, el secretario local de los socialistas opina que con la situación que están pasando los trabajadores y los alumnos "no tenemos otra obligación que estar al lado de los trabajadores y los alumnos", en un hecho poco habitual entre los políticos donde lo que impera es la disciplina absoluta a lo que se haga desde las administraciones gobernadas por su propio partido.

Francisco González tiene razones para tomar esta vía y es que llegó a reconocer que "nos avergüenza esta situación" y abogó porque haya una directriz clara, porque "con esto se cae el discurso de apoyo al turismo y a la hostelería" que se viene realizando desde las filas socialistas.

Además, el líder del PSOE en la capital gaditana no comparte las declaraciones institucionales que se han producido en los últimos días "en la que lejos de asumir su responsabilidad que se le echa las culpas a los trabajadores". González no cita a nadie pero cabe recordar que el delegado del Gobierno de la Junta, Fernando López Gil, dijo en una entrevista radiofónica que este consorcio formativo no ha cobrado aún la subvención pendiente del curso 2012/2013 "porque hay gastos sin justificar en la documentación entregada".

Francisco González tiene muy claro que el pago de las nóminas atrasadas y el inicio del curso "no puede estar condicionadas por problemas burocráticos". El secretario general de los socialistas gaditanos recuerda la situación tan complicada que están viviendo la familia de los 17 trabajadores "algunos de los cuales están teniendo que ir a casa de los familiares a comer", mientras que una de ellas tiene incluso una orden desahucio pendiente: "Esto lo que provoca es que no sólo tengan inseguridad jurídica, sino también emocional".

El socialista dice que "nos rebelamos ante eso" y añade que existe "un clamor" para que se le dé solución a este tema porque "aquí no estamos para justificar lo injustificable".

Se han producido distintos anuncios por parte de la Junta de Andalucía acerca de que el tema se va a solucionar pero hasta ahora ninguno de los consorcios andaluces, salvo el de Málaga, ha podido abrir sus puertas. Precisamente este hecho ha venido a indignar un poco más a los afectados porque no entienden que en ese caso sí se les haya dado el visto bueno a la documentación y al resto no.