El alcalde de Ubrique, Manuel Toro (PP), respondió ayer a las críticas de Izquierda Unida, que acusa al gobierno local de privatizar el servicio del agua a raíz del pliego de condiciones que ha aprobado para la futura concesión administrativa por un periodo de 25 años. Toro sostiene que el Ayuntamiento "no privatizará nada" con la futura concesión, que se amparará en el modelo actual.

Según explicó el regidor, la institución municipal cuenta, en la actualidad, con el 51% del servicio mientras que Aqualia, operada por Aguas de Ubrique, tiene en sus manos el 49% restante. Esta concesión llegó a término el pasado día 31 de diciembre, tras 15 años de vigencia y ahora, el actual gobierno ubriqueño ha sacado un pliego de condiciones para ofertar el servicio mediante una empresa mixta, con el 51% de participación municipal. Así que Toro argumentó ayer que "hay tres empresas interesadas" en esta oferta. Y respondió a IU que "no hay prórroga encubierta. Es un pliego y una licitación de libre concurrencia". Cabe destacar que el Ayuntamiento ha incluido en este pliego una inversión de 700.000 euros para obras de mejora en el abastecimiento, en sondeos como Rano 3 y Los Olivares, en base al estudio que ha dado cuerpo a esta licitación. IU teme, con esta nueva concesión, que se hipoteque el futuro de los ubriqueños y acusa al PP de "aumentos considerables en los recibos del agua para beneficio de una empresa privada". Toro defiende que habrá "un incremento de 1,6 euros al mes" en la factura doméstica, recordando que la institución que preside mantiene congeladas las tasas e impuestos locales durante este ejercicio. De igual manera, el alcalde añade que los vecinos llevan dos años pagando un canon a la Junta de Andalucía, que "supone un 15% más de subida del agua. Llevamos pagados más de 300.000 euros para la mejora de la depuradora y la Junta no ha hecho nada ¿Dónde está ese dinero público? Yo no juego a ninguna privatización. Sólo quiero mejorar el servicio del agua), señaló. Toro aprovechó para decir que la fórmula de la empresa mixta se gestó en los gobiernos de izquierda y se mantuvo en el anterior gobierno del PA-PP. "Si pasáramos a público, el Consistorio tendría que pagar más de un millón de euros a la concesionaria porque hay que pagar un canon de mejora, que cumplirá en 2022. Además, el pueblo tendría que hacer frente también a la inversión prevista en el pliego. Y no tenemos capacidad económica para ello", contesta.