Desde este mes de abril, ciudadanos, comunidades de vecinos, empresas privadas, autónomos y asociaciones sin ánimo de lucro pueden solicitar incentivos dentro de la línea 1 del Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía, regulado por Decreto ley del pasado 18 de marzo y gestionado por la Agencia Andaluza de la Energía (adscrita a la Consejería de Economía). La legislación vigente prevé 22,3 millones de euros para la provincia de Cádiz, según criterios poblacionales acordes con la cohesión territorial.

El delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, y el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Manuel Miranda, presentaron ayer el programa.

Las personas interesadas tienen hasta 48 actuaciones diferentes para solicitar incentivo (con una cuantía máxima de 200.000 euros por beneficiario) y lo único que deben hacer es ponerse en contacto con alguna de las empresas adheridas al programa, que en el caso de Cádiz ascienden actualmente a las 220. Este listado de empresas se puede consultar a través de la web de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, así como en la página de la Agencia Andaluza de la Energía.

Con la financiación estipulada por el Decreto ley de construcción sostenible, explicó López Gil, se realizarán más de 10.100 actuaciones para desarrollar proyectos energéticos en edificios de la provincia. La Agencia Andaluza de la Energía calcula que el impacto energético de esas acciones rondará las 9.780 toneladas equivalentes de petróleo de ahorro en hogares y empresas gaditanas. Asimismo, se evitará la emisión de, aproximadamente, 25.100 toneladas de CO2 al año.

El programa, cuyo objetivo es fomentar el ahorro, la eficiencia energética, la mejora de las instalaciones y el uso de fuentes renovables en edificios de Andalucía, se completa con otras dos líneas de actuación, explicó el delegado del Gobierno.

Por una parte, la Agencia IDEA gestiona 50 millones de euros más en concepto de préstamos para facilitar la financiación de pymes y de empresas de economía social, que comenzarán a funcionar el próximo 1 de junio. A lo que se añade una tercera línea, a medio plazo, centrada en la Mesa de la Construcción Sostenible, un foro de cooperación entre la Junta de Andalucía y los agentes del sector. Esa mesa tratará cuestiones como la competitividad de las empresas de la construcción, la reactivación del empleo en el sector, la rehabilitación energética de las edificaciones, la innovación y desarrollo tecnológico o normativas que impidan la especulación.

Según datos de la Agencia Andaluza de la Energía, la mitad del parque inmobiliario andaluz, construido antes de la entrada en vigor de las normas de eficiencia energética, es susceptible de obras de renovación que permitirían ahorros superiores al 70% en los hogares. A ello hay que añadir, en el origen del Decreto de Construcción Sostenible, como el encarecimiento del precio de la energía está lastrando en los últimos años las economías de muchas familias andaluzas afectadas por la actual crisis económica.

José Manuel Miranda señaló que entre las actuaciones que pueden llevar a cabo los ciudadanos con estas ayudas, se encuentran las obras de adecuación energética de edificios para conseguir su mejor comportamiento térmico o condiciones de iluminación natural. Por ejemplo, la renovación e instalación de ventanas o huecos acristalados, elementos de protección solar y sombreado como toldos; el cerramiento o acristalamiento de terrazas ya techadas, el aislamiento en cerramientos, cubierta o suelo; la instalación de lucernarios o claraboyas y soluciones bioclimáticas o innovadoras sobre epidermis o suelos.