La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha llegado a un acuerdo singular con una entidad financiera para poner veinte de sus viviendas en Sanlúcar a disposición de las familias en riesgo de exclusión social a través de alquileres sociales. Manuel Cárdenas, delegado territorial del ramo, anunció ayer que en estas semanas seguirá negociando con los bancos en busca de más casas tras la ocupación, hace ya un mes, de distintos bloques de viviendas en varia zonas de la ciudad. "Es una noticia importante, la decisión está tomada y una entidad pone 20 viviendas a disposición de las personas que necesiten casa en Sanlúcar. Ojalá el resultado de esta intermediación sea que se hayan puesto más viviendas a disposición de los ciudadanos", afirmó. El alquiler social es una de las medidas que siempre baraja la Consejería a la hora de negociar con los bancos, pero este acuerdo logrado en Cádiz es singular, al ser un paquete de 20 viviendas y al existir la posibilidad de que no sean necesariamente las que han sido ocupadas ni los inquilinos hayan sido antes propietarios del piso .

A la espera de "cerrar flecos" y conocer más datos al final de esta semana, Cárdenas y el alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, se reunieron ayer para tratar este asunto en un encuentro que tenía que producirse por "lógica", dijo el alcalde-. Mora explicó que el Ayuntamiento ha hecho "desde el minuto uno" su trabajo, dentro del acuerdo de defensa de la Vivienda que firmó con la Junta. "Hemos hecho un censo de edificios ocupados, de los que pueden ser ocupados, y hemos visto la situación de los ocupantes", apuntó. De hecho, Mora dijo que tienen menos familias contabilizadas, unas 46. "De éstas, hay de todo. Algunas están en el registro de demandante de viviendas, cumplen los requisitos y son usuarios de los servicios sociales, y otras no". Por eso recalcó una cosa: "No por dar una patada a la puerta se tiene más derecho". "Si ojalá se consigue esta mediación, tendrá que ser según la ley y según digan los trabajadores sociales", añadió.

El caso es que ahora, explicó Cárdenas, el protocolo a seguir será concretar qué disposición existe con los propietarios para llegar a algún tipo de acuerdo de alquiler social, saber cuántas familias de las okupas están en riesgo de exclusión social, en qué situación están los bloques y "en función del marco legal garantizarle en la medida de las posibilidades suministros vitales y básicos". "En esa línea vamos a trabajar y hay dos palabras claves en este asunto: riesgo de exclusión social y alquiler social", afirmó.

El delegado territorial dijo que no se sabe aún con exactitud si las viviendas ofrecidas serán de las ocupadas por las familias o serán otras disponibles en el municipio, pero el alquiler será a bajos precios. La Delegación, el Ayuntamiento y la entidad que ofrece estas viviendas tiene previsto reunirse al final de semana para concretar el acuerdo.

"No es suficiente", reconoció. "Nosotros queremos que en la provincia haya miles de viviendas fruto de acuerdos con las entidades financieras. Hemos encontrado receptividad en los bancos, y es el camino, y puede ser un primer paso no sólo en Sanlúcar sino en cualquier otro lugar de Andalucía", aseguró Cárdenas.