Eran aproximadamente las once de la mañana de ayer cuando operarios de la empresa municipal de aguas de El Puerto, Apemsa, se personaban en el número 35 de la calle Larga para proceder al corte del suministro de agua en la finca que ha sido ilegalmente ocupada por parte de once familias de la ciudad. Los operarios llegaban escoltados por agentes de la Policía Nacional y su presencia alertó rápidamente a varios de los 'okupas' que estos días han dado a conocer su situación.

El suministro que ahora ha quedado suspendido era de obra y como explicaron desde Apemsa, aunque este tipo de autorizaciones se suelen limitar al periodo de vigencia de los trabajos normalmente no se cumplen a rajatabla estos plazos. No obstante, tras aparecer públicamente en los medios de comunicación el caso de estas familias que residen desde mayo de forma irregular en esta finca rehabilitada, los técnicos de Apemsa optaron por cumplir con el protocolo de dar de baja el suministro de obra, al no estar utilizándose ya el suministro para las labores de construcción para las que fue autorizado.

Fuentes de la empresa municipal aseguraron que en ningún caso se ha tratado de una decisión política, algo que también ratificaron después el propio alcalde, Alfonso Candón, y la edil Patricia Ybarra, sino que ha sido una actuación a la que Apemsa está obligada de oficio al tener conocimiento de esta situación irregular.

Nada más producirse el corte de agua buena parte de los vecinos de la corrala optaron por dirigirse al Ayuntamiento, situado a muy poca distancia de las viviendas, lo que hicieron portando una gran pancarta y con una importante presencia de mujeres y niños. Cuando llegaron al Ayuntamiento optaron por colocarse en la puerta lateral que da acceso a la Oficina de Atención al Consumidor (OAC), donde permanecieron hasta el cierre de las instalaciones municipales coreando lemas como "Queremos agua" o "Ni gente sin casa, ni casas sin gente".

Durante la presencia de estos vecinos a las puertas del Ayuntamiento, y a través de la mediación del concejal de Izquierda Unida Antonio Fernández, un portavoz de los 'okupas' accedió al interior de las instalaciones para mantener un encuentro con la edil popular Patricia Ybarra. La portavoz del equipo de gobierno les explicó los motivos por los que Apemsa había procedido al corte de suministro y les indicó que sólo una resolución judicial podría autorizar, por razones de salubridad, la nueva dotación de agua al edificio. La portavoz también habló del asunto con la responsable municipal de Bienestar Social, Mariola Tocino, quien remitió a estas familias al área municipal para que se proceda a realizar un informe sobre su situación socio-económica, así como sobre la situación de los menores que tienen a su cargo.

Las familias ocupantes de la casa, la mayoría formada por parejas muy jóvenes procedentes de barriadas como La Inmaculada o Los Milagros, residen en la finca rehabilitada (ahora propiedad de una entidad financiera) desde el pasado mes de mayo y hasta el momento habían contado con suministro de agua y luz de obra. En cuanto al suministro de luz, las propias familias reconocen que el enganche del que disponen no es suficiente para atender a tantas personas, por lo que se producen continuas cortes y sobrecargas de la red eléctrica.

De entre las familias 'okupas' de esta 'Corrala de la Juventud', como ellos mismos la han bautizado, algunos vecinos nunca han estado inscritos en el registro municipal de demandantes de vivienda que funciona en la ciudad, aunque otros sí han cumplido con este requisito y llevan varios años a la espera de una vivienda social, sin éxito.

Aproximadamente una docena de menores residen en la finca ocupada.

Como los propios vecinos denunciaron durante la jornada del miércoles, no son los únicos que se encuentran en esta situación en la ciudad. Según los datos que ellos mismos aportaron, hay al menos 90 familias residiendo en pisos ocupados en diversas zonas de la ciudad, aunque hasta la fecha estas ocupaciones ilegales habían permanecido lejos del foco público. En total calculan que pueden ser unas 240 las personas que residen en estas condiciones, en algunos de los casos sin los suministros básicos necesarios para habitar una vivienda.

Anoche algunos de estos vecinos participaban en la marcha convocada por el Foro Social Portuense que partió del aparcamiento de Pozos Dulces para denunciar "la otra cara de El Puerto", dentro de las llamadas 'Marchas por la Dignidad' que se vienen celebrando desde hace algunos meses.