La ley permite las peleas de gallos pero no las apuestas ni el cobro de entradas. Estas prácticas sólo pueden realizarse entre miembros de una misma asociación. Actualmente las peleas que pueden considerarse legales –en una interpretación amplia de la normativa– se realizan bajo el control de la Federación de Defensores del Gallo Combatiente Español, que engloba a las distintas asociaciones locales. Las peleas de gallos mueven una cantidad importante de dinero. Un ejemplar incrementa su valor conforme va ganando peleas. Los gallos robados por el clan de los Mikailovich y recuperados por la Guardia Civil en fincas de Utrera y Carmona, por ejemplo, tenían un precio de 800 euros de media cada uno. Entre los ejemplares sustraídos había algunos valorados en más de 1.500 euros. El negocio no sólo está en la venta de estos animales, sino también en la importación de medicamentos para su cura, que suele hacerse casi siempre desde países de Iberoamérica. El epicentro de las peleas de gallos de España está en la desembocadura del Guadalquivir. En municipios como Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Trebujena o Lebrija existe una importante afición. Los campeonatos nacionales suelen realizarse entre octubre y enero y a ellos acuden personas que se desplazan desde distintos puntos del país e incluso desde el extranjero, principalmente de países de Iberoamérica. En teoría, las apuestas están prohibidas por ley, pero en varias ocasiones la Guardia Civil ha sorprendido a personas apostando en distintos reñideros y peñas gallísticas que han sido registrados. En estos registros se han encontrado a veces gallos muertos o gravemente heridos. No suele haber veterinarios acreditados, sino personas expertas en curar a los gallos de la manera que mejor consideran. A veces les llegan a pegar los espolones con pegamento de contacto, como puede apreciarse en una de las fotografías que ilustran esta pieza, pertenecientes a la denominada Operación Espolón, desarrollada por la Guardia Civil de Cádiz en el año 2012. Tampoco está permitido cobrar una entrada para asistir a los campeonatos, pero también aquí se han detectado algunas maniobras para burlar la normativa. En uno de los registros, los agentes del instituto armado descubrieron que había una máquina en la puerta que hacía el carné de socio a quien llegaba al reñidero, previo pago de una determinada cantidad de dinero. De esta manera se cumplía con el precepto que marca la ley, que indica que a las tientas sólo pueden asistir los afiliados a la asociación en la que se celebren. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Cádiz ha realizado varias investigaciones por maltrato animal contra algunos propietarios de gallos.Entre las irregularidades detectadas en los últimos años, el instituto armado destaca la  publicidad de las peleas, el cobro de entradas, el acceso de personas que no son socias y de menores, la existencia de animales sin identificar, apuestas, consumo de alcohol y drogas, libros de socios, intrusismo profesional y mutilaciones de animales, entre otras prácticas. El Seprona acude a los registros con un veterinario facilitado por el Colegio, que constata la gravedad de las lesiones que padecen los gallos. La Guardia Civil ha realizado varios informes relacionados con este asunto y ha propuesto que sólo se autoricen las peleas de gallos que tengan como único objetivo la selección de cría para la mejora de la raza y exportación del gallo combatiente español, así como que no sean espectáculos abiertos al público.