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Provincia de Cádiz

Empresas de Ojeda alquilaron el CTI para cursos de formación de los ex Delphi

  • Loaiza pide a la jueza Alaya que investigue las irregularidades del Centro de Técnicas Industriales El alcalde isleño asegura que el CTI forma parte del "chanchullo" de los cursos de formación

El alcalde isleño, José Loaiza, ha trasladado al jueza Mercedes Alaya las irregularidades que el Ayuntamiento de San Fernando ha detectado en el Centro de Formación en Técnicas Industriales (CTI) tras su controvertido cierre a finales del pasado año al considerar que forman parte del entramado que soportaba el fraude de los cursos de formación de la Junta de Andalucía, la otra gran causa -junto a los ERE- que investiga la titular del juzgado de instrucción número seis de Sevilla.

Entre la cuantiosa documentación sobre el CTI que está siendo remitida al Consistorio isleño como único miembro que ha quedado en el consorcio que se encarga de gestionar las instalaciones -circunstancia contra la que, por otro lado, el Ayuntamiento ha planteado un contencioso- se encuentra un oficio de la Dirección Especial de la Inspección del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, fechado en el pasado mes de mayo, en el que se le reclama información sobre el convenio que el 8 de febrero de 2010 suscribieron el Consorcio, la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y tres empresas que eran propiedad del ex consejero de Hacienda, Ángel Ojeda: la Asociación de Empresas Aeronáuticas, la Asociación para la Calidad Europea (Inteca) y la Asociación para la Sociedad de la Información (Innova).

Este convenio del que el Ayuntamiento no tienen constancia -según explicó ayer Loaiza- regulaba el alquiler de las instalaciones del CTI que se sitúan en la calle Chapistas, número 4, del polígono industrial de Fadricas, para impartir cursos de formación dirigidos a los ex trabajadores de Delphi.

"El CTI es parte del chanchullo de los cursos de formación que el ex consejero Ojeda tenía con la Junta", afirmó el alcalde de San Fernando al advertir de las numerosas irregularidades que han acompañado el cierre de estas instalaciones. "Hay gato encerrado", insistió. "Por eso hemos puesto todo en conocimiento de la jueza Alaya, porque tiene donde rascar con el CTI".

Loaiza aireó también otras cuestiones relacionadas con el cierre de estas instalaciones y su dudosa gestión como los 2,4 millones de euros que la propia Junta de Andalucía reclama al consorcio responsable de su gestión por irregularidades detectadas en el manejo de las subvenciones que recibía de la Administración andaluza, cantidades que ahora se le piden al Ayuntamiento de San Fernando como único miembro del citado consorcio. Se trata -prosiguió- de dos expedientes diferentes que han llegado al Consistorio isleño: el primero de ellos asciende a 1.251.000 euros y el segundo a 1.138.000. "Es la Junta, la Consejería de Hacienda, la que reclama al consorcio, que es también de la Junta de Andalucía", advirtió. "Y a mí me gustaría saber dónde están esos millones".

Loaiza, por otro lado, recordó que desde el Gobierno municipal se ha recurrido a la vía legal para impugnar el proceso mediante el cual la Junta de Andalucía se desligó a principios de año del CTI dejando al Ayuntamiento solo en el consorcio, como único responsable de la gestión de estas instalaciones, de las deudas, de la maquinaria que se alberga en su interior... "El CTI -precisó- siempre ha sido de la Junta. El Ayuntamiento tenía una representación de un 10 por ciento en el Consorcio para apoyar desde la Administración local estos proyectos formativos. Pero no gestionábamos nada", explicó.

De hecho, desde el Gobierno local se han cursado también escritos denunciando los hechos a la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz; al consejero de Educación, Luciano Alonso; y a la delegada territorial, Miriam Alconchel. A todos ellos pide que intervengan en el tema. "Ya lo hemos dicho muchas veces. Lo que queremos es que se audite y se liquide el CTI. Y si hay irregularidades, que lo pague quien lo tenga que pagar, caiga quien caiga. Este Ayuntamiento no tiene miedo, no tenemos absolutamente nada que ocultar", afirmó el alcalde isleño, para el que la "espantada" de la Junta de Andalucía del consorcio se explica por todas estas irregularidades que ahora están saliendo a la luz. "Sabían lo que había detrás y por eso se fueron como se fueron", señaló.

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