Los sindicatos han alertado hoy de que se ha descubierto un plan de dos internos de la prisión de Puerto III, en El Puerto de Santa María, para dar un "susto" a dos funcionarias de prisiones como represalia a que habían informado en contra de que se le concediese el tercer grado a uno de ellos. 

En un comunicado conjunto, la UGT, la ACAIP y la AFPF hacen pública "su preocupación, indignación y desazón" por esta trama y también porque la dirección del centro penitenciario ha respondido "mal y tarde" ante los autores de este plan y sólo ante los presión que emprendieron las funcionarias afectadas al ver que se sobreseía el expediente disciplinario que le correspondía a uno de los internos presuntamente implicados. 

Los sindicatos señalan que la "presunta trama" descubierta suponía que dos internos "se disponían a causar daño" a dos funcionarias del departamento de Tratamiento que habían hecho una valoración contraria a que a uno de ellos se le concediera el tercer grado. 

Uno de los presos presuntamente implicado es "un interno de gran entidad considerado por informaciones policiales como uno de los mayores narcotraficantes de hachís de Europa", y que habría encargado presuntamente a un familiar residente en la barriada de "Las 3.000 viviendas" de Sevilla dar "un susto" a estas funcionarias "como represalia a los informes emitidos contrarios a la concesión del tercer grado penitenciario". 

"Ya eran conocedores del lugar donde vivían estas dos funcionarias, de sus rutinas, y su perfil familiar", aseguran los sindicatos. 

La revelación de este hecho "al más puro estilo mafioso" ha generado "alarma e indignación en la plantilla" de la prisión, una preocupación que ha crecido después por la forma de reaccionar de la dirección del centro, según el comunicado. 

Los sindicatos explican que aunque "todo hacía prever una rápida respuesta en la dirección en defensa de sus trabajadores" ésta "no llegó ni con la rapidez ni con la contundencia esperadas" y sólo se produjo por "la continuada reclamación de actuaciones". 

Denuncian que la intervención del centro se ha llevado a cabo de forma "tardía y parcial" y sólo "bajo la presión de las trabajadoras afectados directamente", que llegaron "al extremo de sentirse a los pies de los caballos cuando se sobreseyó el expediente disciplinario al interno con el voto en contra únicamente de la jurista". 

Tras este hecho, y al ver que la dirección de la prisión "daba por hecho que no se había probado ninguna amenaza" y daba "por buena la versión del presunto autor", las funcionarias optaron por trasladar la situación a los sindicatos que las representan. 

En el comunicado explican que con su postura la dirección daba credibilidad a la versión del interno que afirmaba que "nunca había tenido trato con el narcotraficante con el que se le relacionaba para dar el susto a las funcionarias", cuando el pasado mayo, "en fechas previas" al plan para darles un susto, el Boletín Oficial del Registro Mercantil "acreditaba" que le compró una sociedad al otro interno. 

Para los sindicatos, "lo más llamativo" es que la sociedad adquirida es "tristemente" conocida "en el medio penitenciario" pues es la misma sobre la que "llegaron a recaer sospechas de actuaciones delictivas, en concreto de delitos de cohecho en el Centro Penitenciario de Huelva". 

Aquello, recuerda el sindicato, "dio lugar al cese de parte del equipo directivo" de la prisión de Huelva, y a que se investigase un presunto trato de favor a narcos en esa cárcel, aunque las actuaciones delictivas fueron archivadas porque el denunciante de la situación no las ratificó.