El Consejo Social de la Universidad de Cádiz respaldó ayer las decisiones adoptadas por el consejo de gobierno en la sesión del martes, en la que, como primer punto, se incluyó cotejar uno a uno todos los apuntes de las tarjetas utilizadas entre 2007 y 2011 con las facturas presentadas por los titulares.

Los miembros del consejo social tomaron esta resolución, que busca alejarse de cualquier tipo de polémica, tras conocer la auditoría interna que había solicitado al rectorado y que hacía referencia a gastos muy concretos de esas tarjetas, como, por ejemplo, la adquisición de un sofá por el rector, las compras que hizo en Makro o el uso de la tarjeta de la responsable de Cooperación en Ikea. Para todos estos casos había una respuesta, si bien es cierto que no parecía una forma de gasto público muy ortodoxa. En cualquier caso, eran gastos para la Universidad. También la auditoría reconocía que los gastos en restaurantes podían considerarse "poco prudentes".

Los miembros de este organismo de la Universidad, que está integrado, en su mayor parte, por personas no vinculadas laboralmente con la UCA, debatieron acerca de un sistema de gastos que fue eliminado por el nuevo equipo rector en 2011 y que ha protagonizado la actualidad de la provincia la última semana. La decisión fue dejar que el grupo creado por el consejo de gobierno trabajara sin presiones, para lo que sería conveniente que se enfriara la feroz polémica entablada tras hacerse públicos los apuntes bancarios.

El rector, presente en la reunión, pidió a los miembros del consejo social que no se dejaran llevar por las informaciones periodísticas y que esperaran a conocer los datos de las comprobaciones que se iban a realizar a partir de ahora. Aseguró que no se produjeron irregularidades y que las tarjetas se sometían a un control del gasto.

De este modo, el Consejo Social decidió realizar una escueta nota de prensa en la que se afirma que "se deben adoptar por parte del rector de la Universidad de Cádiz acciones que conduzcan a la clarificación de los hechos que se denuncian y emitir un informe concluyente que depure responsabilidades".

Además, incide en "recordar algo básico en un Estado de derecho como es la presunción de inocencia y rechazar los juicios apresurados que dañan la honorabilidad de las personas". Desde el equipo rector se considera que algunas personas que en todo momento han demostrado honorabilidad y lealtad a la institución se han visto salpicadas por este escándalo sin haber cometido ningún tipo de exceso.

Finalmente, el Consejo Social quiso hacer constar que es "consciente de la honorabilidad del profesorado y del personal de administración y servicios de la Universidad de Cádiz, que se esfuerzan día a día para trabajar para la comunidad universitaria y la sociedad. Y es a ellos a quienes le queremos transmitir en estos momentos un mensaje de ánimo para que sigan trabajando por la calidad docente e investigadora y por la transferencia de conocimiento con la misma dedicación y eficiencia que lo vienen haciendo hasta el momento".

Por otro lado, se ratificaron los presupuestos de cara a 2015 que aprobó el consejo de gobierno, donde hay un mínimo incremento de tres millones de euros, por lo que pasará a ser de 130 millones. De estos presupuestos se destaca que mantienen la política de "contención del gasto y responsabilidad en la ejecución" y se mantiene la limitación dentro del capítulo 1, el dedicado a personal, tal y como impone la Junta de Andalucía.