Provincia de Cádiz

Imputan al alcalde de Chiclana por prevaricación y malversación

  • La denuncia parte de un ex concejal socialista quien acusó al PP de usar dinero público en una querella contra él en 2008

El Juzgado Mixto número 2 de Chiclana ha citado al alcalde  de la ciudad, Ernesto Marín (PP), para que declare en calidad de imputado por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos tras prosperar una querella que interpuso el ex concejal y ex delegado de Urbanismo del PSOE, Joaquín Muriano.

El enfrentamiento entre ambos viene de lejos, cuando en 2008 el PP de Chiclana denunció a Muriano por un caso de excesos de aprovechamientos en el Hotel Barceló y el supermercado Supersol situados en la Loma del Puerco de Sancti Petri, causa que fue archivada meses atrás por la Fiscalía Provincial de Cádiz y el citado juzgado chiclanero.

 

Tras esta última resolución, el ex delegado de Urbanismo contraatacó judicialmente con una querella contra el alcalde al denunciar  que en la causa contra su persona se usó dinero público. A raíz de ello, la juez ha considerado que Ernesto Marín "pudiera haber cometido un delito de prevaricación y/o malversación de caudales públicos", según consta en el auto fechado a 30 de enero de 2015.

 

El alcalde deberá declarar una vez que lo hagan antes el secretario y el interventor municipal, Francisco Javier López Fernández y Tomás Pérez Cruceira, así como Ana Rodríguez (IU) y el abogado Jesús Jiménez, todos ellos en calidad de testigos.

 

Las reacciones ante el dictamen judicial no se hicieron esperar tanto por parte del imputado como por el PSOE de Chiclana. Esta formación señalaba que "estamos ante un asunto muy grave, puesto que además se trata del mismo alcalde que en 2007 habló mal de Chiclana, comparándola con Marbella. Es el mismo alcalde que inició una campaña de descalificación, no solo contra el PSOE, sino también de la propia ciudad", manifestaba la edil socialista Cándida Verdier.

 

Además, acusó a Marín "de acoso" a un concejal y a la oposición, "sin que le haya temblado el pulso para usar dinero público".

 

Al respecto, incidió en que la actuación del alcalde "no contaba con informes jurídicos que así lo avalaran; es decir, no hay un expediente administrativo que se cree para dar el visto bueno a la actuación del señor Marín. Por tanto, se trata de una decisión personalísima e individual". Asimismo, resaltó que los costes  público que se han generado "para hacer frente a esta maniobra política" alcanzan "la friolera de unos 100.000 euros".

 

En este punto, el regidor chiclanero aseguró ayer que por esta denuncia contra Joaquín Muriano, siendo él alcalde, solo pagó 2.400 euros al abogado que llevó el caso. "Lo llamativo es que José María Román (PSOE) siendo alcalde continuó con el procedimiento y le abonó otros 2.400 euros al mismo abogado". 

 

No obstante, el alcalde anunció que recurrirá el auto de imputación a la vez que lo ha calificado de "absoluta paradoja, porque no es más que consecuencia de una denuncia que como alcalde interpuse ante el ex delegado de Urbanismo al comprobar que se habían concedido dos licencias en contra de los informes técnicos, caso sobre el que aún está pendiente que se pronuncie la Audiencia Provincial".

 

Marín declaró que la denuncia presentada por Muriano se debe a una "venganza política", con motivo de la proximidad de las elecciones municipales en mayo. Así, destacó que "la denuncia se presentó en septiembre de 2014, cuando el tema viene de 2008; si ha esperado hasta ahora es simplemente por hacer daño en plena campaña electoral", insistió.

 

El alcalde dijo encontrarse muy tranquilo "porque he actuado desde la más absoluta transparencia y honestidad y siguiendo siempre las instrucciones de los servicios municipales". En este sentido, lamentó que la imputación "me hace pensar que los que trabajamos en la Administración desde la honradez y la honestidad tenemos las cosas muy difíciles y tomar decisiones se está convirtiendo en algo cada vez más peligroso y complicado", llegando comentar que se se siente "en situación de desamparo e indefensión".

 

Con todo ello, defendió su proceder en este asunto: "Es como si alguien ve un asesinato, pues tendrá que denunciarlo, ¿no?". Además, añadió que  si él no denunciaba "podrían haberme denunciado a mí por prevaricación".

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