La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Jerez, ha fijado para el próximo día 20 una vista preliminar sobre la Operación Halcón, en la que están acusadas 20 personas, entre ellas Carlos Carretero, ex jefe de la Policía Local de Ubrique. La causa de la Operación Halcón, que investigó una trama de emisión de facturas falsas con las que eludir el pago del IVA, se remonta a 2006 y está empantanada desde entonces. Aún no hay fecha de juicio.

Carretero se encuentra en prisión y cumple una condena de cuatro años de cárcel por la Operación Karlos. La sentencia consideró probado (y él lo admitió) que dirigía una trama de obtención fraudulenta de pensiones de incapacidad laboral destinadas a personas que pagaban por ello. El pasado mayo, cuatro sindicatos denunciaron que el expolicía, recibía un trato de favor por parte de la dirección de Puerto 3.

Según confirmaron fuentes del caso a Europa Press, la vista sobre la Operación Halcón, a la que están citadas todas las partes, se celebrará a las diez de la mañana y en ella se abordará la procedencia de la apertura de juicio oral y el tribunal resolverá sobre la admisión y práctica de nuevas las diligencias que han sido solicitadas.

La investigación de la Operación Halcón está estrechamente ligada a la Operación Karlos, que surgió durante la primera. Los investigadores habían intervenido varios teléfonos para indagar sobre las facturas falsas y se encontraron con conversaciones que destapaban otro asunto: la entonces supuesta y luego confirmada trama de obtención de pensiones de incapacidad laboral, de la que formaba parte el inspector médico Casto Pérez Lara, también condenado y en prisión. La Operación Karlos fue juzgada en la Audiencia Provincial de Cádiz en 2011 pero la Operación Halcón se quedó atascada en el Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez.

La Agencia Tributaria, personada como acusación particular en la Operación Halcón, considera que la comercialización de facturas falsas causó en las arcas públicas un agujero de 7,6 millones de euros a través de la defraudación de cuotas del IVA y del Impuesto de Sociedades.

La lentitud con la que la Justicia aborda este caso es tan enorme que el fiscal solicita en su escrito de calificación una atenuante de dilaciones indebidas. El fiscal solicita para Carlos Carretero y para Elisa Calvente, su pareja, también condenada en la Operación Karlos, tres años de prisión por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y 33 años por 11 delitos de contra de la Hacienda Pública. En total, 36 años de prisión.

No obstante, el fiscal plantea una calificación alternativa mucho más favorable: dos delitos en lugar 12 y que sean condenados, cada uno, a cinco años y medio de prisión.