A nadie parece interesar demasiado el Senado y, de hecho, apenas hay encuestas de valoración de Cámara Alta porque nadie las pide. Pensado durante la Transición para ser una cámara que no entorpeciera la labor legislativa del Parlamento, lleva años hablándose, dentro de una posible reforma constitucional, de que el Senado sea una verdadera cámara territorial. Es cierto que en el Senado se habla de territorios. De Cádiz, sin ir más lejos, se habló en 862 ocasiones, la cuarta provincia andaluza tras Granada y Huelva (que superaron el millar) y Málaga. Pero en la mayoría de las ocasiones las preguntas consistían en que el Gobierno aportara datos de inversiones o estadísticos. Nada de lo preguntado suponía una acción directa sobre la provincia.

Sin embargo, el de senador es un trabajo aceptablemente remunerado. El salario base de un senador es de 2.814 euros al mes, a lo que hay que añadir para los que no residan en Madrid 1.823,86 euros adicionales al mes para pagar los gastos de hotel o arrendamiento en la capital, así como las comidas. Además, hay incentivos en caso de presidir comisiones o ser portavoz. Una foto publicada hace dos semanas con el hemiciclo vacío ha vuelto a despertar una polémica ya muy antigua: ¿Para qué el Senado?

El senador gaditano José Blas Fernández se rebela contra esta imagen maniquea: "Es posible que hubiera que hacer algunas reformas sobre las funciones del Senado, pero ahora mismo es una Cámara de segunda lectura que tiene la ventaja de no tener la presión mediática sobre ella y de esta Cámara salen numerosas iniciativas que complementan o incluso pueden modificar notablemente los textos que llegan desde la Cámara Baja. En el Senado se trabaja y se trabaja mucho y la decisiones que allí se toman tienen influencia en la vida de los ciudadanos. Decir que el Senado no sirve para nada es demagogia".

Los cuatro senadores electos de Cádiz acaban una legislatura en la que José Blas Fernández asegura que se ha trabajado mucho, aunque, como en cualquier empresa, "unos más que otros". El socialista Juan Cornejo, por ejemplo, con más de 2.000 preguntas por escrito, no ha parado de acribillar al gobierno con la petición de estadísticas de todo tipo. Gracias a él se podía saber, si alguien se mete en la página del Senado, lo que no demasiada gente hace, el número de beneficiarios por subsidicación de préstamos en Andalucía, el número de pacientes programables sin garantía por intervención quirúrgica en el proceso patológico del túnel carpiano o cuántas muestras se han tomado de los productos procedentes de Marruecos. La última la formuló en abril de 2015 y versaba sobre la media anual de horas habituales trabajadas por los asalariados del sector privado en 2011 y 2014 en Andalucía. La respuesta fue que los asalariados privados habían pasado de trabajar 36,9 horas en 2011 a 35,5 en 2014. Cornejo atesora, gracias a sus dos mil y pico preguntas, una auténtica información detallada y estadística andaluza.

Por contra, los tres populares, José Blas Fernández, María José García Pelayo y Sebastián Ruiz sólo han preguntado una vez cada uno y era la misma pregunta: el grado de ejecución de los presupuestos generales de 2011 en la provincia. No volvieron a preguntar más, según las estadísticas del Senado, aunque Fernández matiza que ellos realizan sus preguntas al Gobierno a través de la portavocía del Grupo.

José Blas Fernández, con 24 intervenciones en iniciativas legislativas, ha sido, sin duda, el más activo de los senadores gaditanos del PP. Ha sido ponente de una ley que tuvo más ruido que nueces, la de la reforma hipotecaria y el catastro, que reforzaba la relación entre el catastro y el registro de la propiedad, lo que debería revertir en un más fluido intercambio seguro de datos entre ambas instancias. Además, la Ley estaba llamada a incrementar la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario y a simplificar la tramitación administrativa. Su calado social, tras ser apoyada en el Senado en mayo de 2015, está por ver. También fue ponente en una reforma de ley para perseguir el fraude fiscal y contra la Seguridad Social. De ella se siente especialmente orgulloso, ya que considera que ha tenido un "efecto importantísimo".

El papel de María José García Pelayo, alcaldesa de Jerez durante su época como senadora y con problemas más que serios en su ciudad para poder concentrarse en su sillón de la plaza de las Marinas de Madrid, ha sido menor. Ha sido vocal en la comisión de asuntos exteriores y en el de entidades locales (el de vocal es un papel secundario en estas comisiones) y ha presidido dos comisiones especiales, una para estudiar qué hacer con las personas en exclusión social por el desempleo y otra sobre personas desaparecidas sin motivo aparente. De ninguna de las dos comisiones trascendió nada relevante en los medios de comunicación.

Sebastián Ruiz, que llegó a senador proyectado directamente desde el Ayuntamiento de Arcos y que no incluye ninguna profesión anterior en su biografía del Senado, ha tenido cuatro vocalías y una secretaría en la comisión de Interior. Ha sido ponente en una ley en defensa de la tauromaquia como patrimonio cultural, en otra sobre las denominaciones de origen y una tercera sobre la representatividad en las organizaciones agrarias. Apenas, como María José García Pelayo, se ha escuchado su voz en el Senado.

Pero el otro senador de la provincia del PP con mayor visibilidad ha sido Antonio Sanz, actual delegado del Gobierno en Andalucía y nombrado en su día dentro del cupo del Parlamento andaluz. De Sanz partieron preguntas sobre las inversiones en Cádiz con cargo al 1% cultural o el estado de inversiones en la autoridad portuaria de Cádiz, en la carretera entre el aeropuerto y El Cuervo o de las repercusiones del acuerdo pesquero en la flota de Cádiz.