La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que supuestamente se encargaba de estafar a compañías aseguradoras forzando la muerte de caballos que habían adquirido a muy bajo precio y que luego, a la hora de asegurarlos, habían hecho pasar por animales de pura raza y especial doma para cobrar indemnizaciones que iban desde los 20.000 a los 30.000 euros por ejemplar. Algunos de los casos han sido detectados en Cádiz, donde hay tres personas investigadas, entre ellas un veterinario.

En la operación, bautizada como Picar2 y desarrollada en once provincias, han sido detenidas cuatro personas y en calidad de investigadas hay otras 24. La supuesta estafa ha sido inicialmente cuantificada en un millón de euros y el número de compañías aseguradoras afectadas asciende a cuatro. A las 28 personas involucradas en estos hechos durante las dos fases en las que se ha llevado a cabo la operación se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, maltrato animal, falsedad documental y estafa continuada.

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Juan Lillo, y el teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil en Jaén, Luis Ortega, informaron ayer de que las investigaciones desarrolladas en la primera fase de la operación, realizada en junio del pasado año, comenzaron a raíz de una denuncia presentada por un representante de una compañía de seguros.

En esa denuncia se ponían de manifiesto las posibles anomalías detectadas en las indemnizaciones a pólizas de animales. En concreto, la Guardia Civil tuvo conocimiento de cuatro siniestros equinos que podrían estar afectados.

A dos de estos caballos se les había conducido a la muerte por medio de la eutanasia y estaban asegurados por 19.000 euros; a otros dos caballos se les había diagnosticado muerte por cólico agudo y estaban asegurados por 24.000 euros.

Asimismo, los agentes pudieron comprobar que las muertes de lo équidos se estaban produciendo en poblaciones alejadas entre sí, en lugares diferentes del habitual de su estabulación y con proximidad cronológica. Los guardias detectaron contradicciones en las respuestas de los propietarios a las preguntas que les hicieron cuando trataban de aclarar lo ocurrido.

Fruto de las investigaciones, la Guardia Civil pudo comprobar que la organización venía realizando operaciones con los equinos para obtener sustanciosas cantidades de dinero, que solicitaban de las compañías aseguradoras, bien de sus caballos o de terceros.

La organización usaba caballos que decían ser de pura raza española sin ser así, ya que en la mayoría de los casos los adquirían a muy bajo precio y, supuestamente, los veterinarios implicados en la trama, sin nunca haber visto al animal, certificaban o informaban de una identidad en las que se les valoraba muy por encima del precio de mercado en razón de sus excelentes cualidades de doma, porte y apariencia física.

Las tasaciones no incluían ningún tipo de examen precompra, practica extendida en el mundo relacionado con el caballo, especialmente con animales de pura raza, de cierto valor económico.

Los agentes constataron que los animales accidentados eran sacrificados mediante eutanasia por los veterinarios implicados y que no se correspondían con las identidades declaradas pero sí tenían semejanza en su capa que les hacía pasar por aquellos. Igualmente, sacrificaban animales que no tenían ningún valor por su doma y procedían a la venta de los animales "fallecidos" que verdaderamente sí alcanzaban un gran valor en la venta.

Otra forma de actuar era dar por desaparecidos los equinos y posteriormente proceder a un nuevo a un cambio de titularidad del caballo en la Administración, con el único riesgo de ser sancionados económicamente en caso de ser descubiertos.

En los casos de fallecimiento por patologías, la Guardia Civil detectó falta de atención y cuidados de los equinos afectados, con estabulación, manejo y alimentación, no adecuadas.

Las provincias donde se han detectado casos han sido, además de Jaén, donde hay cuatro personas detenidas y 14 investigadas (cuatro veterinarios), Alicante, Granada, Córdoba, Vizcaya, Ávila, Zaragoza, Cádiz y Sevilla. En Cádiz hay tres personas investigadas; una de ellas es un veterinario.